El Proyecto «MAVETJ» toma forma con la primera reunión del grupo de alto nivel.

El Proyecto «MAVETJ» toma forma con la primera reunión del grupo de alto nivel.

Primera reunión del Grupo de alto nivel de análisis de Transición justa y oportunidades de empleo derivadas de la adaptación al cambio climático.

Ayer, 25 de febrero, se constituyó el Grupo de alto nivel de análisis de Transición justa y oportunidades de empleo derivadas de la adaptación al cambio climático, un grupo que en el marco del Proyecto Mapa de vulnerabilidad del empleo para una Transición Justa: análisis de sectores productivos y desarrollo de capacidades y oportunidades en adaptación al cambio climático (MAVETJ)” –con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico–, tiene la función de generar información, validar los trabajos realizados en el ámbito del proyecto y que pretende que tenga una vocación de «permanente» tras la finalización del mismo. Dinamizado desde la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Confederal, está compuesto por personas expertas en la materia tanto del ámbito sindical, como del mundo académico y de la sociedad civil.

Entre otros, la reunión contó con la presencia de la Confederación Europea de Sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo, la Asociación Española de Meteorología, Ecologistas en Acción o la Unión de Pequeños Agricultores. Además, tuvimos la oportunidad de participar representantes de las Uniones Territoriales de País Valenciá, Ceuta y de Castilla y León, además de las tres Federaciones Estatales (FICA, FESMC, FeSP).

Desde UGT se lleva tiempo poniendo la voz de alarma en relación a la emergencia climática y a las nefastas consecuencias de sus impactos sobre el medio ambiente, pero también sobre las oportunidades para las personas  trabajadoras y la sociedad en general. Este Proyecto, pionero a nivel nacional, pretende poner el foco en la ambición a la hora de implantar políticas de mitigación y, especialmente, de adaptación al cambio climático, pero también en que éstas deben estar acompañadas de una transición justa que garantice la justicia social y la igualdad. Y es que dichas políticas tienen un impacto en el empleo que debe ser analizado y diagnosticado con el fin de conocer los sectores, colectivos y regiones más vulnerables en nuestro país, así como los nichos de empleo y las oportunidades relacionadas con la adaptación de los sectores productivos al cambio climático. Estos datos permitirán establecer medidas más efectivas en favor de la cohesión social y territorial y de la justicia climática y social, lo que ayudará a que la transición ecológica y la adaptación al cambio climático sea socialmente justa, reduciendo las desigualdades y mejorando el empleo y la calidad de vida de las personas, sin dejar a nadie atrás.

Desde UGT Castilla y León –conscientes de lo que representa la emergencia climática también en nuestra Región–, no se ha querido perder la posibilidad de participar de forma activa en este Grupo de Trabajo, con la intención de intentar aportar nuestra modesta experiencia en la generación de información, aprender también del trabajo de todas las entidades participantes y crear sinergias con el sindicato en todos los niveles. Hay que recordar que la reciente elaboración del informe «Empleo y cambio climático. Análisis de las posibilidades de nuevos empleos y sectores verdes en una transición justa» por parte de UGTCyL, también ha significado una acción precursora a nivel autonómico que pretende explorar en la preocupación de la Organización por el doble desafío que supone el cambio climático y el desarrollo de las políticas climáticas para el empleo (realizado en el marco del «Acuerdo del diálogo social para promover una transición justa frente al cambio climático 2018-2020»), y cuyas conclusiones pretenden servir de impulso, entre otras cuestiones, para la introducción de medidas socialmente justas para las personas trabajadoras en la próxima Ley de Cambio Climático de Castilla y León, que acaba de pasar el período de consulta pública y al que se han presentado observaciones en este sentido desde esta Organización.

 

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