Varias directivas para el futuro modelo energético de la UE.

Varias directivas para el futuro modelo energético de la UE.

El cumplimiento de las medidas contempladas en estas normas será esencial para alcanzar los objetivos establecidos en el “Acuerdo de París”.

 

Algunos de los principales objetivos de la “Estrategia Europa 2020” para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se incorporaron en la Directiva de energía renovable, donde se estableció una política general para la producción y promoción de energía a partir de fuentes renovables en la UE. En esta norma se requería que la UE satisficiera al menos el 20% de sus necesidades totales de energía con energías renovables para 2020 y que se llevara a cabo mediante el logro de objetivos nacionales individuales. Todos los países de la UE también deberían garantizar que al menos el 10% de sus combustibles de transporte procedieran de fuentes renovables para 2020.

En 2014, el Consejo Europeo acordó el marco de la política de clima y energía de 2030 para que la UE, estableciéndose un ambicioso objetivo nacional para toda la economía de al menos un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en sintonía con lo que un año después se concretó a nivel internacional en el denominado Acuerdo de París”, en el que los líderes mundiales pactaron el objetivo de mantener la temperatura media mundial por debajo de 2ºC (preferiblemente 1,5⁰C) respecto a niveles preindustriales.

Ya a finales de 2016, la Comisión Europea presentaba una propuesta de medidas bajo el nombre de “Energía Limpia para todos los europeos” (el denominado “Paquete de Invierno”) orientadas a alcanzar los objetivos climáticos europeos a 2030, manteniendo la seguridad de suministro y la competitividad de los precios de la energía, abarcando la eficiencia energética, las energías renovables, el diseño del mercado de la electricidad, la seguridad del abastecimiento de electricidad y las normas de gobernanza de la Unión de la Energía. Además, se proponían nuevas perspectivas de diseño ecológico y una estrategia para una movilidad conectada y automatizada.

Tres de las propuestas relacionadas son las que se acaban de aprobar por el pleno del Parlamento Europeo, como el texto definitivo de la Directiva Europea Renovable “REDII”, acompañada por la Directiva de Eficiencia Energética (cuyos objetivos fijan, por un lado, el 32% de renovables en el mix energético europeo para el año 2030 y, por otro el 32,5% el de eficiencia energética para ese mismo año) y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética. Los eurodiputados han confirmado así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas tres nuevas normativas europeas, que forman parte del “paquete de invierno”. Las tres deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la UE para después ser publicadas en el Diario Oficial de la UE.

La nueva Directiva de renovables “REDII” es una de las directivas más importantes hasta la fecha, ya que marcará la ruta a seguir por la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático, establecida en el “Acuerdo de París”. Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red. Por último, al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030.

Por su parte, la normativa sobre gobernanza se empezará a aplicar veinte días después de dicha publicación, mientras que los países dispondrán de un plazo de 18 meses para transponer las nuevas disposiciones, que estarán basadas en los proyectos finales de planes nacionales integrados de energía y clima para el período entre 2021 y 2030, que deberán estar entregados a más tardar el 1 de enero de 2019.

 

Incluir en la planificación de la transición energética una estrategia que garantice la transición justa.

 

A nivel nacional, y a la espera de conocer los detalles de la propuesta final del “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima” (que contendrá los criterios que el Estado español deberá tener en cuenta cuando fije su contribución nacional), el inicio del debate y tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, parece encaminarse hacia la senda de un 35% de renovables en energía y un 70% en electricidad para 2030, lo que dotaría al sector de un renovado optimismo. Según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), hasta el año 2030 las inversiones asociadas a la transición energética necesitarían unos 100.000 millones de euros y podrían crear más de 130.000 empleos en el sector renovable nacional. Para conseguirlo, el sector confía en que la nueva ley siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo.

No obstante, si desde este sector se reclama predictibilidad en la transición energética (dado el alto volumen de inversiones que se deberá acometer para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030), desde UGT se entiende que esta transición energética debe realizarse de una manera socialmente justa, que garantice empleo de calidad, la protección social para los colectivos más vulnerables y el respeto a los derechos humanos y laborales, porque no se puede dejar a nadie en el camino. Según explicó Ana García de la Torre (Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT), durante su comparecencia en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, esta ley debe prever la aprobación de un “Plan Estratégico sobre Transición Justa”, en la que deben intervenir distintos ministerios y contar con la participación de los interlocutores sociales. Se trata de paliar los posibles efectos negativos que pueda tener el paso del actual modelo económico, asociado a las emisiones contaminantes, a otro modelo de economía verde y maximizar las oportunidades. “Hay que proteger a los trabajadores y las trabajadoras de los sectores que tengan que transformarse”. Al mismo tiempo hay que establecer medidas de apoyo a políticas industriales, una protección social específica, inversiones públicas para reactivar la economía de zonas afectadas y facilitar la adecuación de la formación y capacitación de los trabajadores. La transición justa es necesaria porque defiende la lucha contra el impacto socio-ambiental de las actividades humanas, incluyendo las alteraciones medioambientales y climáticas, pero también el diálogo social, la participación de los trabajadores y trabajadoras, la calidad del empleo, el derecho a la formación y recualificación profesional, los derechos laborales y la protección social.

 

 

 

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