Aportaciones de UGTCyL para la futura ley de cambio climático de Castilla y León.

Aportaciones de UGTCyL para la futura ley de cambio climático de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León presenta esta iniciativa como una norma que “pretende sentar las bases para la progresiva reducción de las emisiones que causan el efecto invernadero responsable del Cambio Climático, establecer las bases que permitan una transición hacia un modelo energético no dependiente de combustibles fósiles no renovables y orientar las necesarias acciones de adaptación dentro de las políticas sectoriales competencia de la Junta de Castilla y León”.

Aunque algunas comunidades autónomas (como Cataluña, Baleares o Andalucía, entre otras) ya han desarrollado una ley propia relativa a la lucha contra el cambio climático –cuyo progreso todavía está por evaluar–, la realidad es que en el ámbito autonómico, las estrategias y planes de acción desarrollados dejan, en general, mucho que desear para dar una respuesta eficaz, rápida y coherente al doble desafío que plantea tanto el cambio climático como la inminente incorporación de políticas climáticas en los ámbitos europeo y nacional, a partir de las medidas que se incorporen desde el denominado Pacto Verde Europeo y desde los instrumentos emanados del Marco Estratégico Energía y Clima, respectivamente. Además existe una evidente heterogeneidad de situaciones de los instrumentos y compromisos adoptados por los distintos territorios.

Hasta ahora, la definición de la política regional de mitigación de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero en Castilla y León estaba recogida en la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020 de Castilla y León, un documento que consideramos obsoleto, cuya completa renovación es reivindicada desde hace tiempo por la Secretaría Salud Laboral y Política Social de UGTCyL. Parece que la decisión de la Junta de Castilla y León es la de aprovechar la oportunidad perentoria de dicha renovación para presentar una norma con rango de ley, lo cuál, además de seguir la tendencia de la mayoría de las comunidades autónomas, mantiene una total coherencia con el contexto y la premura  con la que deben de establecerse las políticas climáticas en nuestro territorio.

Así, vemos como muy positiva la oportunidad que representa el desarrollo de una ley de cambio climático en Castilla y León, por lo que no podíamos desaprovechar el momento para presentar una serie de aportaciones de inicio que pongan de manifiesto el posicionamiento del movimiento sindical y, particularmente, el de nuestra Organización, aunque se siga insistiendo en los procesos de participación que acompañen la elaboración del anteproyecto de ley, todavía sin redactar.

Ante el escenario de emergencia climática y de establecimiento de políticas climáticas y de transición hacia una economía verde, UGT es sabedora de que, fruto tanto de los cambios ecosistémicos producto del calentamiento global (que afectarán a los sistemas naturales y humanos en función de su aceleración), como de la remodelación profunda del mercado de trabajo (con la creación de  riesgos pero también de oportunidades), Regiones como Castilla y León y sus sectores productivos clave pueden verse en un contexto de vulnerabilidad, por lo que la acción sindical será fundamental para anticiparse a los posibles impactos. En sintonía con esta idea, UGT Castilla y León propone que en el diseño de una ley de cambio climático se pongan en el centro los objetivos climáticos de adaptación y mitigación, de uso eficiente de los recursos, de justicia social y de cumplimiento de la Agenda 2030, que incluya medidas reglamentarias, presupuestarias y fiscales contando con la participación de los  gobiernos, de la sociedad civil y los sectores económicos, garantizando a su vez la protección de los colectivos y los territorios más vulnerables e incluyendo el concepto de una transición justa, para no dejar atrás a ninguna persona trabajadora y a ningún territorio.

Desde el punto de vista de UGTCyL, solo a través de una transición justa que garantice empleo de calidad, digno y seguro, la protección social para los colectivos más vulnerables y el respeto a los derechos humanos y laborales, podemos evitar los efectos más perniciosos del calentamiento global y las políticas de transición verde, por lo que entendemos –tal y como se desprende de las “Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” de la OIT–, que el diálogo social debe ser la base para posibilitar el desarrollo de empresas sostenibles y el trabajo decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza, en el proceso de transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

A través del siguiente enlace  podéis descargaros el documento completo en PDF de las APORTACIONES realizadas.

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