Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres: financiar la resiliencia.

Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres: financiar la resiliencia.

El propósito del día se alinea con el Marco de Sendai, el acuerdo internacional para prevenir y reducir las pérdidas de vidas, medios de subsistencia, economías e infraestructuras básicas, complementa el Acuerdo de París y a la consecución de la Agenda 2030.


► Los desastres representan una amenaza creciente para la prosperidad económica y el desarrollo sostenible.

2025 está registrando nuevos récords de temperatura y sequías, incendios e inundaciones sin precedentes en todo el mundo. La pobreza y la desigualdad están exacerbando estos desastres. Nuestro mundo actual se enfrenta a un nivel sin precedentes de desastres provocados por la inadaptación del ser humano a las limitaciones y a los riesgos del espacio en el que habita. No hay que olvidar que para que se produzca un desastre tiene que confluir en el tiempo y en el espacio, por una parte, la fuerza destructiva de un fenómeno extremo, y por otro, la presencia de población y de bienes que sean susceptibles de ser afectados. De esta forma, cada sociedad es responsable de elegir y de aplicar soluciones capaces de generar adaptación a las limitaciones y a los riesgos de su medio ambiente. Sin embargo, a pesar de los compromisos para aumentar la resiliencia, abordar el cambio climático y crear vías de desarrollo sostenible, las elecciones sociales, políticas y económicas actuales están haciendo lo contrario. Esto pone en peligro no solo el logro del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, sino que también obstaculiza el progreso hacia el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 .

Hoy se conmemora el Día Internacional para la Reducción de Desastres. El «Informe de Evaluación Global (GAR) 2025: La resiliencia da sus frutos, Financiar e invertir para nuestro futuro«, destaca cómo una inversión más inteligente puede restablecer el ciclo destructivo de desastres, deuda, falta de asegurabilidad y necesidad humanitaria que amenaza a un mundo afectado por el cambio climático. También describe la necesidad urgente de transformar el modo en que se aborda el riesgo de desastres en medio de un clima que cambia rápidamente.

Invertir en resiliencia para la estabilidad económica y social.

Los desastres ya están teniendo un impacto macroeconómico considerable, desde fenómenos meteorológicos como inundaciones, tormentas, sequías y calor extremo hasta grandes peligros como terremotos. Se prevé que este impacto aumente con la creciente frecuencia y gravedad de estos fenómenos a medida que cambia el clima. Si no se toman medidas urgentes para reducir la brecha entre el riesgo y la inversión, las consecuencias financieras y económicas serán cada vez más difíciles de gestionar. De hecho el coste global de los desastres está aumentando: la carga económica de los desastres se está intensificando. Si bien los costes directos de los desastres promediaron entre 70 y 80 mil millones de dólares al año entre 1970 y 2000, entre 2001 y 2020 estos costes anuales aumentaron significativamente, alcanzando entre 180 y 200 mil millones de dólares. En 2023 a nivel mundial se calcula que los daños económicos de los desastres naturales ascendieron a unos 202 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, cuando se consideran las pérdidas indirectas y los impactos en los ecosistemas, el costo real supera los 2,3 billones de dólares.

Aunque los peligros se vuelven más intensos y volátiles debido al cambio climático, las inversiones en reducir la exposición y la vulnerabilidad dan sus frutos, al menos en cuanto a las muertes relacionadas con desastres. Aunque la población mundial ha aumentado más de cinco veces desde 1900, las muertes relacionadas con desastres han disminuido drásticamente: la tasa media mundial de muertes y personas desaparecidas relacionadas con desastres por cada 100.000 personas se ha reducido a la mitad  entre los períodos 2005-2014 y 2014-2023.

► Romper las espirales hacia la insostenibilidad que provocan los desastres.

Los desastres causan más que daños físicos. Como se explora en detalle en GAR 2025, estos desencadenan tres espirales descendentes que profundizan las crisis, convirtiendo los desastres en colapsos sistémicos y contribuyendo a un desarrollo que es por naturaleza insostenible. Unas mejores vías de inversión pueden ayudar a romper estas tres espirales que se refuerzan mutuamente.

Tomar medidas antes de una crisis es más barato y más eficaz que la recuperación posterior a un desastre. Junto con la protección social adaptativa y la financiación contingente, pueden reducir los costes humanitarios y dar a las comunidades los medios para invertir en la reducción de riesgos a largo plazo. Y es que, aunque  los impactos humanos pueden ser más graves en el Sur Global,  las pérdidas económicas y la imposibilidad de obtener seguros están creciendo más rápidamente en los países más desarrollados. En nuestro país los desastres naturales más relevantes ocurridos: sequía, calor extremo, grandes incendios, DANAS e inundaciones, pedrisco o heladas atípicas, provocaron en 2023 unas pérdidas estimadas de 4.450 millones de euros (según AON España, solo la mitad estaba asegurado), traducido en un impacto en el PIB de 1.900 millones de euros y en la pérdida de más de 38.600 empleos. Unas cifras récord que sólo esperan a ser superadas con creces tras los desastres acontecidos en 2024.

España es un territorio con elevado riesgo ambiental. El catálogo de peligros naturales que pueden afectar al conjunto del país es elevado, y a ello se une un grado importante de ocupación del territorio con población y actividades económicas que pueden verse afectadas por el desarrollo de episodios de rango extremo.
Una clasificación sencilla de estos peligros ambientales incluiría: a) riesgos biogeográficos y biológicos, entre los que sobresalen los incendios forestales y las plagas; b) fenómenos meteorológicos extremos (lluvias intensas y torrenciales, que originan inundaciones, sequías, tormentas de granizo, episodios de frío y calor, temporales de viento, tornados y fenómenos subtropicales en Canarias); c) riesgos geológicos y geomorfológicos (terremotos, maremotos, volcanismo, movimientos de terreno, avalanchas de nieve y erosión).

En Castilla y León las principales pérdidas económicas son consecuencia de inundaciones, olas de calor, sequías o heladas, siendo el sector agrario el que más pérdidas sufre, pero también otros sectores económicos, infraestructuras y núcleos urbanos. Sin embargo, el cambio climático está causando peligros relacionados con el clima más frecuentes, extremos e impredecibles, como la proliferación de grandes incendios forestales. El cóctel formado por el cambio climático, la despoblación de las zonas más rurales o la práctica ausencia de gestión forestal y el abandono de los usos del suelo, está provocando que muchos de nuestros montes se estén convirtiendo en bombas de relojería que solo esperan a que su mecha sea prendida para convertirse en megaincendios. Por ello, invertir en resiliencia es más urgente que nunca.

► El reto, lo es también para las personas trabajadoras y sus representantes.

La acción humana –especialmente la de los países más ricos– está creando un riesgo mayor y más peligroso, y empujando al planeta hacia límites existenciales y ecosistémicos. La reducción de riesgos debe estar en el centro de la acción para acelerar la acción contra el cambio climático y lograr los ODS.

El riesgo de incumplir el objetivo de limitar la temperatura máxima promedio global a 1,5 ºC marcada en el Acuerdo de París antes de 2030, supone un escenario de aceleración potencial del ritmo y la gravedad de los eventos peligrosos, un riesgo sistémico que no se puede eliminar por completo, pero se puede reducir y abordar de manera más eficaz. Los responsables de tomar decisiones deben afrontar con valentía las consecuencias de la crisis socioecológica, y apostar por la creación de empleo verde y decente, por una transición justa, por medidas de resiliencia ante el cambio climático y de protección de la biodiversidad, o por una ordenación del territorio acorde con una disminución de nuestra vulnerabilidad ante los desastres naturales. La toma de decisiones requiere del aprovechamiento de los conocimientos existentes sobre reducción de riesgos, pero también de la suficiente dedicación a las personas trabajadoras y al mundo del trabajo tanto en su gobernanza como en sus medidas políticas.

Tal y como se recoge en el informe realizado por UGT Castilla y León “Empleo y cambio climático en Castilla y León”, se considera que todos los sectores económicos están en riesgo ante los desastres naturales, y que éste es mayor en función de su grado de dependencia de los recursos naturales (sectores agrario, agroalimentario, forestal, etc.), en función de su exposición al trabajo al aire libre y a altas temperaturas (construcción, turismo, etc.), en función de su exposición a los fenómenos meteorológicos extremos y a disrupciones en los ecosistemas (energía, sanidad y otros servicios públicos, etc.). Miles de puestos de trabajo podrían estar en peligro en España si no se toman medidas de adaptación, tal y como se desprende del informe de AON España.

Asumiendo este escenario, parece conveniente que en Castilla y León se impulsen políticas capaces de anticipar los riesgos climáticos, combinadas con medidas que puedan orientar a los diferentes sectores productivos hacia una economía más verde e inclusiva. En UGT Castilla y León entendemos que el Gobierno castellano y leonés, los empleadores, los sindicatos, y otros interlocutores sociales, debemos –en el marco del diálogo social–, articular una gobernanza con capacidad de aumentar la resiliencia de nuestros ecosistemas y nuestra sociedad, que garantice el empleo verde y decente, la salud y la seguridad en el trabajo, y medidas de protección social para que nadie quede atrás. Es decir, una gobernanza para una transición ecológica justa.

En nuestros centros de trabajo, las personas trabajadoras y sus representantes también debemos iniciar −a través de la negociación colectiva− un diálogo en relación con el clima y el empleo con nuestros empleadores, capaz de diseñar estrategias de adaptación y sostenibilidad ambiental que anticipen los riesgos para la salud y la seguridad, el impacto en las condiciones laborales, la necesidad de nuevas competencias, y un empleo digno. Un camino seguro para el futuro.

Fuentes:

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