Sindicalismo y cambio climático

Sindicalismo y cambio climático.

1. El desafío del calentamiento global como perturbación antropogénica de la biosfera.

2. Las evidencias del cambio climático en España y en Castilla y León.

3. La concepción de la transición justa en el marco sociolaboral y como fuente de la transición ecológica justa. La transición justa en España y en Castilla y León.

4. La responsabilidad de los trabajadores y sus representantes. El cambio climático en la acción sindical.

1. El desafío del calentamiento global como perturbación antropogénica de la biosfera.

1.1 La crisis socioecológica.

La actividad humana más reciente −basada en la promoción a ultranza del mito del crecimiento económico indefinido en un planeta finito−, ha imprimido una huella cada vez más profunda, produciendo, en general, cambios con efectos que trascienden el ámbito local o regional para afectar al funcionamiento global del sistema Tierra.

Se trata de la más rápida transformación de la relación humana con el mundo natural, un impacto poderoso −de escala geológica−, trascendente −capaz de controlar los procesos fundamentales de la biosfera− y veloz −se puede medir en el intervalo de una sola vida humana−. Es lo que algunos científicos denominan “Cambio Global” o también “Antropoceno”.

Si hacemos referencia a uno de los procesos planetarios centrales del Sistema Tierra, el sistema climático (según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, este sistema forma parte de uno de los nueve “límites planetarios”, un marco que pretende contribuir a proporcionar un análisis basado en la ciencia del riesgo), el efecto de la actividad humana sobre este −conocido como “cambio climático”−, es una realidad instalada ente nosotros, no como una contrariedad futura, sino como una crisis a la cual afrontar como un desafío de enormes proporciones.

Además del cambio climático, hay otros cinco de estos nueve procesos fundamentales que sustentan la vida en la Tierra y los recursos de los que dependen los seres humanos que también se han perturbado, hasta un punto en el que ha quedado atrás una “zona segura” de actuación. Se trata de la integridad de la biosfera (tanto la diversidad genética como su papel funcional en la regulación del estado del sistema Tierra), los ciclos biogeoquímicos (nitrógenos y fósforo), el sistema terrestre (sobre todo cambios en los biomas forestales), las “entidades nuevas» (contaminantes ambientales y plásticos) y el agua dulce (tanto la azul −agua superficial y subterránea− como el agua verde −aquella disponible para las plantas−).

Fuente: Centro de Resiliencia de Estocolmo, basado en el análisis de Persson et al, 2022 y Steffen et al, 2015.
Fuente: “Earth beyond six of nine planetary boundaries”.Katherine Richardson et al. Science Adv.9,eadh2458, 2023.

Dentro de estos límites, la humanidad puede continuar desarrollándose y prosperando, pero cruzar los límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos o irreversibles a gran escala. Pero este escenario tiene su traducción en una crisis ambiental global, cuya acepción más adecuada sería la de una crisis socioecológica, al considerar aspectos sociales y económicos como: la magnitud de la población, los patrones de utilización de la biocapacidad que tiene dicha población, y la distribución entre las diferentes poblaciones al acceso a los bienes comunes que hacen posible la vida.
Efectivamente, la crisis socioecológica se sustenta en un entramado de relaciones sociales desiguales, jerárquicas, opresivas y destructivas, que afectan a grupos de personas especialmente vulnerables (personas empobrecidas, personas con trabajos precarios, mujeres, niños y ancianos, migrantes, etc.), y que tienen que ver con el acceso al consumo de bienes, recursos y energía, pero también a una exposición desigual ante los riesgos socioambientales. Desatar este nudo es un reto urgente.

1.2 Las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios ecosistémicos, detrás del cambio climático.

La influencia directa del ser humano en el cambio climático se identifica, fundamentalmente, con los cambios de uso del suelo y el aumento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ya desde mediados del siglo XIX, que han acelerado los procesos naturales.

Emisiones de CO₂ de combustibles fósiles y cambio de uso de la tierra, Mundo.
Fuente: https://ourworldindata.org/co2-emissions

De esta forma, la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera ha aumentado de aproximadamente de 277 partes por millón (ppm) en 1750 a 422 ppm en 2024, una cifra sin precedentes en los últimos tres millones de años.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que los últimos 10 años se han convertido en los años más cálidos de los que se  tiene constancia, correspondiendo los tres primeros lugares de la clasificación a 2024, 2023 y 2016, aunque 2024 será el primer año en el que el calentamiento global supere los 1,5 ºC respecto a la época preindustrial (1850-1900), cifra que se acordó no superar en el Acuerdo de París. En España el año más cálido ha sido hasta ahora 2022.

Diferencia de la temperatura media anual mundial respecto a las condiciones preindustriales (1850-1900) en seis conjuntos de datos de temperatura. Fuente: Organización Meteorológica Mundial, 2024.

La correlación entre aumento de emisiones y aumento de la temperatura está más que contrastada científicamente. Este escenario se explica a partir de dos factores principales: el crecimiento económico y el demográfico. Este gráfico se corresponde con la correlación entre emisiones de GEI y comportamiento del PIB, que también se puede apreciar con claridad.

Variación anual del PIB y de las emisiones de CO₂, mundo.
Fuente: https://ourworldindata.org/grapher/co2-gdp-growth

1.3 Los impactos del cambio climático.

Los impactos del cambio climático son más evidentes en los sistemas naturales, pero también se han observado en los sistemas humanos:

⇒ Impactos observados en sistemas naturales:

1. Recursos hídricos. Se ha observado un aumento generalizado en la intensidad y magnitud de las sequías meteorológicas e hidrológicas bajo escenarios de cambio climático, debido principalmente al aumento de la evapotranspiración y, secundariamente, a la reducción de las  precipitaciones. Estos cambios se traducen en proyecciones de escorrentía y recarga subterránea decrecientes, y por tanto una reducción de la aportación hídrica a los ríos.
En general, incluso en los escenarios de bajas emisiones, se prevén considerables repercusiones en el ciclo hidrológico, cuya consecuencia será la disminución de la disponibilidad de agua y su calidad. Los recursos hídricos están íntimamente relacionados con todos los sectores económicos, especialmente aquellos que son más críticos para nuestra economía. Por lo tanto, los cambios en su disponibilidad y calidad podrían generar vulnerabilidad a nivel sistémico con posibilidades de efectos de cascada.

2. Desertificación y suelos. Las proyecciones apuntan hacia una creciente aridez y un aumento de las temperaturas. Aun cuando no se produjeran incrementos significativos de las pérdidas de suelo, el incremento previsto de la aridez apunta a un aumento del riesgo de desertificación. Además, España es uno de los tres países de la Unión Europea con mayor riesgo de incendios, riesgo que puede verse incrementado.
En lo que respecta a los suelos, la disminución de la precipitación media o el aumento de fenómenos extremos (como sequías, inundaciones o incendios, entre otros) pueden provocar un incremento peligroso de la erosión sobre todo en aquellos suelos sujetos a alta intensidad de manejo.

3. Ecosistemas terrestres. Su funcionamiento se verá afectado de diversas formas. En las especies forestales se han observado ya cambios fenológicos, cambios en los periodos de floración y fructificación y cambios en su distribución. Estas alteraciones pueden llevar a cambios de comportamiento tanto en las especies migratorias como locales. Es muy probable que la resiliencia de nuestros bosques pueda verse reducida en el futuro si se producen sequías recurrentes. Ya se han identificado complejos fenómenos de decaimiento, en los que el cambio climático puede estar jugando un papel junto con otros factores (por ejemplo, el abandono de la gestión o la entrada de patógenos exóticos).

4. Ecosistemas oceánicos y costeros. Las propiedades físicas y químicas de los océanos (incluyendo la extensión de hielo marino del Ártico) han cambiado de manera significativa durante las últimas décadas, debido al cambio climático antrópico. Desde 1970, la temperatura de los océanos ha aumentado al absorber más del 90% del exceso de calor de nuestro sistema climático, lo que ha incrementado la tasa de calentamiento del océano en más del doble y duplicado la frecuencia de las olas de calor marinas. De hecho, los océanos han absorbido entre el 20% y el 30% de las emisiones totales de CO₂ relacionadas con las actividades humanas, cambiando el pH de la superficie de los océanos más allá de su variabilidad natural. El cambio de las condiciones de los océanos debido al aumento de temperaturas, a una mayor acidificación y a la disminución del oxígeno está provocando perturbaciones en los ciclos de nutrientes de los océanos abiertos lo que esto está teniendo un impacto regional notable en los productores primarios. De esta forma los organismos marinos pertenecientes a un amplio conjunto de grupos taxonómicos (desde el fitoplancton a los predadores), en todas las regiones geográficas, están respondiendo frente al cambio climático modificando su distribución, desplazándose hacia latitudes más altas, cambiando su distribución en profundidad, su fenología y abundancia.

⇒ Impactos observados en los sistemas humanos:

1. Agricultura y ganadería. Los principales impactos son los cambios fenológicos asociados al desplazamiento de las estaciones, el aumento del estrés hídrico, los daños por calor y por eventos extremos. También sufre impactos indirectos derivados de los efectos del cambio climático sobre otros sectores (suelos, recursos hídricos, etc.). Todos estos cambios agravarán la vulnerabilidad de la agricultura y la ganadería españolas y exigirán medidas adaptativas. Por ello, es necesario el estudio de los impactos a nivel regional, por tipo de cultivo y especie ganadera, así como por sistema de explotación; además de la inclusión de indicadores o evidencias del cambio.
2. Medio urbano. En los planes urbanos de adaptación al cambio climático en España se identifican 7 ejes de riesgo: aumento del nivel del mar, oleaje extremo, precipitación intensa, disminución de las  precipitaciones, aumento de las temperaturas, olas de calor y vendavales. Así como diversos sectores afectados (urbanización, ecosistemas, salud, sectores económicos, etc.). Esta información (cuyo grado de desarrollo y detalle es bajo en la mayoría de las ciudades), es fundamental a la hora de planificar la inversión en adaptación de forma eficiente y eficaz, teniendo en cuenta los riesgos climáticos más probables y los grupos de población más vulnerables.
3. Energía. La energía hidroeléctrica es la fuente de energía que puede verse más afectada por el cambio climático debido a la menor disponibilidad de agua. Asimismo, los eventos meteorológicos extremos pueden afectar a las infraestructuras energéticas, especialmente las situadas en las zonas costeras, y generar riesgos añadidos sobre el sistema.
La mayor presencia de las renovables en el mix energético está aumentando progresivamente la resiliencia del sistema, pero está  generando conflictos sociales y competencia con otros usos del suelo.
4. Infraestructuras y transporte. Se prevén impactos negativos en las principales redes terrestres, especialmente debidos a los fenómenos climáticos extremos como las precipitaciones torrenciales. Las redes portuarias y aeroportuarias también pueden verse afectadas de forma negativa.
5. Turismo. La incidencia de eventos extremos en las costas y las olas de calor, pueden también incidir negativamente en el turismo de playa del sur y este de nuestro país. El turismo relacionado con los deportes de invierno es el que se está viendo ya más afectado, especialmente en el caso de las estaciones de esquí por la falta de nieve, situación que es previsible que se agrave.
6. Salud humana. El cambio climático en España representa una amenaza para la salud humana, con impactos directos e indirectos. Entre los primeros, son especialmente relevantes los riesgos asociados a las temperaturas excesivas y a las inundaciones, que se asocian con morbilidad y mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias, estrés térmico, agravamiento de enfermedades crónicas y lesiones.
Entre los segundos, a través del impacto sobre los ecosistemas, que provocan, por ejemplo, un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores, aumento  de las zoonosis, o de las enfermedades transmitidas por el agua.
La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) estima que, en 2050, las olas de calor causarán 120.000 muertes anuales más de lo habitual en la UE, con un coste económico de 150.000 millones de euros si no se adoptan medidas adicionales. Esta estimación no solo se debe a la mayor frecuencia de temperaturas más altas, sino también como consecuencia del envejecimiento demográfico. Actualmente, alrededor del 20% de los ciudadanos de la UE tienen más de 65 años de edad, pero representarán el 30% en 2050.
7. Salud laboral. Algunos sectores se verán muy afectados por su vulnerabilidad a los rigores térmicos (agrario, forestal, construcción, servicios de limpieza y jardinería, guías turísticos, movilidad, etc.). Según la OIT, se prevé que el aumento del estrés térmico provocado por el calentamiento global traiga consigo en 2030 pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo.

En cuanto a los riesgos, éstos se derivan de la interacción de la vulnerabilidad (del sistema afectado), la exposición a lo largo del tiempo (al peligro), así como el peligro (relacionado con el clima) y la probabilidad de que ocurra. La AEMA ha categorizado en un informe interactivo sobre los riesgos climáticos cambiantes de Europa 16 peligros, identificados por el IPCC. Consúltalo pulsando en la imagen de abajo.

2. Las evidencias del cambio climático en España y en Castilla y León.

El cambio climático en Europa afecta a todas las regiones, pero de forma desigual, desde mayores precipitaciones anuales y riesgos de inundaciones en la Europa noroccidental hasta el incremento de las temperaturas y el aumento del riesgo de desertificación en la región mediterránea. Es aquí donde los últimos informes de la OMM indican que la temperatura se calienta, desde 1980, dos veces más rápido que el promedio mundial, con un incremento de 2,3 ºC desde la época preindustrial. En el caso de las precipitaciones, los expertos proyectan un escenario de disminución, especialmente las de verano, entre un 10% y un 30% según la zona. Los eventos extremos como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y los incendios serán más frecuentes.

Por otro lado, se espera que la demanda de agua se incremente entre un 4% y un 22% si se quieren satisfacer las necesidades de agua de la agricultura y compensar el crecimiento de la población humana, lo que estará en conflicto con otros usos, como la necesidad de agua potable o el uso para el turismo o la industria. Por su parte, el calentamiento del mar va asociado con un incremento de las mortalidades masivas, florecimientos de especies nocivas y colonización de especies invasoras. El resultado neto de los cambios será muy probablemente una disminución significativa de la capacidad de muchos ecosistemas de proveer los servicios ecosistémicos en los niveles actuales.

Según la AEMET para el caso concreto de nuestro país, la temperatura media del año 2022 fue la más alta de la serie histórica hasta la fecha, superando por primera vez los 15 ºC, siendo 2023 el segundo con 15,2 ºC de media. Los diez años más cálidos se han registrado en el presente siglo, lo que indica la existencia de una tendencia de incremento de las temperaturas máximas y mínimas que conllevará a un aumento del número de días y noches cálidas, así como de la duración de las olas de calor. Además, disminuirían el número de días de heladas y el de lluvia. También se espera un aumento de la duración de los períodos secos y el número de días con precipitaciones intensas.

Una forma de cuantificar esta tendencia a temperaturas cada vez más elevadas nos lleva a analizar la evolución de la clasificación climática de Köppen-Geiger elaborada para diferentes periodos de referencia. La primera letra distingue los grupos principales de climas que se dan en España: B, zona árida; C, zona templada; D, zona fría. En el primer mapa, se observa cómo en Castilla y León el clima más común era el tipo Csb (templado con verano seco y templado), ganando terreno hacia el este el tipo Cfb (templado sin estación seca con verano templado).Otros tipos muy poco comunes eran el Csa (templado con verano seco y caluroso, ligado a zonas del sur y oeste) BSk (estepa fría, ligado a algunas comarcas del centro-sur de la cuenca del Duero) y los tipos ligados a áreas de montaña Dsb y Dsc (frío con verano seco y templado/fresco, respectivamente), y Dfb y Dfc (Dfb (frío sin estación seca con verano templado/fresco, respectivamente).

La evolución de los efectos del cambio climático es evidente a lo largo del tiempo, aunque el tipo Csb sigue siendo el más común en Castilla y León, ha sido a costa del retroceso de los tipos más húmedos y fríos. Asimismo, el tipo BSk ha ganado terreno en el centro de la cuenca del Duero, lo que es síntoma de una mayor sequedad y aridez.

Evolución del cambio climático.
Fuente: “Evolución de los climas de Köppen en España en el periodo 1951-2020”. 
A. Chazarra Berbabé et al. AEMET, 2022.

La Comunidad de Castilla y León no incluye territorio alguno ajeno a los efectos de la crisis climática. Diversos estudios del CSIC, por ejemplo, nos advierten de que en la Comunidad Autónoma el cambio climático está detrás del ascenso de las temperaturas medias entre 0,1 °C y 0,4 °C desde la década de los sesenta, aunque la AEMET advierte de que desde el año 1951 y hasta 2018, la temperatura media en la Comunidad ha pasado desde los 11,2 ºC a 12,4 ºC, lo que representa un aumento no lineal de 1,2 ºC solo en este periodo. Se ha observado que el calentamiento está siendo mayor en invierno, mientras que en verano es más moderado, pero con un repunte de los picos de calor. Las precipitaciones medias han descendido 9 mm cada 10 años y se espera que se produzcan cada vez con más frecuencia fenómenos meteorológicos extremos. 2023 ha sido el segundo año más cálido en Castilla y León con una temperatura media de 12,4 ºC y con unas precipitaciones un 7% por debajo de la media, solo detrás de 2022.

En este mismo sentido la AEMET muestra que, independientemente de los diferentes escenarios previstos, en Castilla y León se va a producir un aumento de las temperaturas máximas (menor si se aplican con éxito las políticas de mitigación −RCP 4.5−, y mayor en un escenario pesimista −RCP 8.5−). Por su parte, el porcentaje de días cálidos mantiene tendencia creciente a lo largo de todo el período hasta alcanzar tasas aproximadas de entre el 20% (RCP 4.5) y el 40% (RCP 8.5), y la duración de olas de calor presenta incremento de en torno a 5 días hasta la mitad del período, tendiendo a partir del año 2050 a aumentar hasta alcanzar valores entre 7-8 días (RCP 4.5) y 20 días (RCP 8.5) a finales del siglo XXI.

Otros cambios se producirán en el número de días con heladas que también disminuirán en Castilla y León a pesar de su situación geográfica (altitud y continentalidad).

Por último, se observa una disminución progresiva de la tasa de precipitación en todo el territorio castellano y leonés de entre 5-15%, apuntándose un aumento de su intensidad en la cuenca del Duero. Estos resultados son semejantes a los obtenidos en un informe del CEDEX, que presenta sus resultados diferenciados por Demarcaciones Hidrográficas, rangos de tiempo y los escenarios RCP 4.5 y 8.5. A modo de ejemplo, la Demarcación del Duero presenta una disminución progresiva del valor medio de las precipitaciones de entre el 2% y el 12% lo que, combinado con el aumento de la temperatura media y en función de las diferencias estacionales, conlleva a un incremento progresivo de la evapotranspiración potencial (ETP), a una disminución tanto en la evapotranspiración real (ETR) como en los aportes de la escorrentía (ESC) y la recarga subterránea de los acuíferos. Estos datos son compatibles con las proyecciones futuras sobre estrés hídrico de la AEMA, pues, aunque es una realidad en muchas partes de Europa (un 30% de los europeos se ven afectados en un año promedio) y en Castilla y León, se espera que el cambio climático empeore la situación, ya que las sequías tienden a aumentar en frecuencia, magnitud e impacto. De hecho, en un escenario de aumento de la temperatura de 3 °C, las tendencias son especialmente preocupantes para el suroeste de Europa, donde la descarga de los ríos durante el verano podría disminuir hasta en un 40 %, lo que supondría para la agricultura, el suministro público de agua, el turismo o la generación hidroeléctrica, una situación muy crítica.

3. La concepción de la transición justa en el marco sociolaboral y como fuente de la transición ecológica justa. La transición justa en España y en Castilla y León.

Los orígenes de la transición justa (TJ) se encuentran vinculados históricamente a las demandas del mundo obrero norteamericano (sindicatos del sector energético), concretamente a la idea de conciliar las preocupaciones ambientales y sociales propuesta por Tony Mazzocchi, del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, Químicos y Atómicos de EE. UU. entre 1970 y 1980. Así, a través de la movilización social, promovieron políticas públicas que demandaban referirse simultáneamente a los desafíos medioambientales y asegurar empleos decentes para los trabajadores afectados. Finalmente, estas propuestas fueron bloqueadas.

Destaca también, ya en la década de 1990, las acciones llevadas a cabo por el United Steel Workers en su declaración de política ambiental bajo el título “El mundo de nuestros niños: los metalúrgicos y el medio ambiente», que decía en una de sus observaciones sobre la naturaleza de la TJ que: “A largo plazo, la elección real no es el empleo o el medio ambiente. Son los dos o ninguno”.

El término de TJ comenzó un proceso de expansión que alcanzó a otros sindicatos de países industrializados. En 1997, se creó la “Alianza por la Transición Justa”, cuyo propósito era conectar el movimiento de sindicatos con grupos medioambientales. No obstante, ese mismo año −y tras la celebración de la COP3 de la CMNUCC en la que se adoptó el Protocolo de Kioto−, se promovió por parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el enfoque de TJ, que proponía desarrollar plenamente las medidas en favor de las energías renovables con la creación de nuevos empleos que mitigasen los efectos adversos sobre el empleo de las medidas de cierre de minas y centrales térmicas de carbón, necesarias para alcanzar los objetivos de mitigación asumidos en la lucha contra el cambio climático. Todo ello requería desarrollar en cada país procesos de diálogo social con los interlocutores sociales, para anticiparse a los efectos de las medidas de mitigación, acontecimientos que vincularon íntimamente los procesos de transición justa con la transición energética.

En los años 2000, la TJ pasó a ser un concepto utilizado a escala global, gracias a las negociaciones climáticas de la ONU y las conversaciones en torno al desarrollo sostenible. Sin embargo, en estos primeros 30 años de la TJ, el concepto se mantuvo fundamentalmente asociado al mundo del trabajo y a las organizaciones sindicales, específicamente centrado en las condiciones y oportunidades de empleo en el proceso de transición energética y con menos atención a las implicaciones sociales. Así, en 2009, la Confederación Sindical Internacional (CSI) participó por primera vez como grupo oficial en una conferencia por el clima (Copenhague, COP15 de la CMNUCC), presentando la Declaración titulada “Los sindicatos y el cambio climático. Equidad, justicia y solidaridad en la lucha contra el cambio climático”, con la inclusión del concepto de “transición justa” dentro del texto de la negociación:

“La TJ es una herramienta que los movimientos sindicalistas comparten con la comunidad internacional, con el objetivo de suavizar el cambio hacia una sociedad más sustentable y proveer de esperanza a las capacidades de una economía verde que sostenga trabajos decentes y vidas para todos”.

Se presentaba así una transición justa basada en:

• Diálogo social. La participación de los actores sociales relevantes, desde la etapa del diseño hasta la implementación, es fundamental para el éxito de las políticas de cambio climático y disminuye el riesgo de conflicto.
• Investigación y anticipación. Estudiar los impactos de las políticas de cambio climático en el mundo laboral, a nivel nacional, regional y sectorial.
• Protección. Mediante la utilización eficiente de los recursos, se protege a los trabajadores que se vean afectados por los cambios.
• Empleo verde y decente. Incentivando aquel empleo que contribuye en sectores emergentes a preservar y restaurar el medio ambiente, o que contribuye en procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente en sectores tradicionales.

En 2015 la OIT culmina los cimientos de las políticas para una transición justa a partir de unas Directrices, cuyo enfoque es que el desarrollo sostenible solo es posible con la implicación activa del mundo del trabajo, pues los empleadores y las personas trabajadoras no son espectadores pasivos, sino agentes de cambio capaces de desarrollar nuevas sendas hacia la sostenibilidad. Su objetivo principal es establecer pautas para la elaboración e implementación de políticas de transición justa en los procesos de transición hacia economías ambientalmente sostenibles, respetando los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT: diálogo social, protección social, derechos en el trabajo y empleo. Para ello, las directrices desarrollan nueve áreas de políticas:

• Políticas macroeconómicas y de crecimiento.
• Políticas industriales y sectoriales.
• Políticas relativas a las empresas.
• Desarrollo de competencias.
• Seguridad y salud en el trabajo.
• Protección social.
• Políticas activas del mercado de trabajo.

3.1 De la «transición energética justa» a la «transición ecológica justa».

La consolidación internacional de la TJ tuvo otros dos hitos significativos en 2015:

1. Las negociaciones climáticas para incorporar oficialmente la TJ en el texto de los nuevos instrumentos a adoptar dieron su fruto en el Acuerdo de París (COP21). Así, su preámbulo estipula que los gobiernos deben tener en cuenta “las exigencias de una transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de acuerdo con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Su primer gran avance, sin embargo, no se consolidó hasta la COP24 de Katowice (2018), en la que numerosos países suscribieron la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa”, y un año después el secretario general de la ONU lanzó la iniciativa internacional “Acción Climática por el Empleo”, mandatando a la OIT a su desarrollo con el objetivo de estimular a los países a que adoptaran planes nacionales de TJ en el marco de sus políticas climáticas. 

2. La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. El cambio climático está contemplado expresamente en el ODS 13 (Acción por el Clima), pero también muchos otros ODS están relacionados con la agenda ambiental, incluidos aquellos relacionados con la pobreza, la salud, la igualdad de género, la industria, el consumo, las ciudades, la economía o el empleo. Este último está contemplado en el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), que establece que, para lograr el desarrollo económico sostenible, las sociedades están llamadas a crear las condiciones necesarias para que las personas accedan al trabajo decente con empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.

Es cierto que el Acuerdo de París refuerza la vinculación de la TJ con la lucha contra el cambio climático y que los esfuerzos de dicho proceso pretenden centrarse en el logro de un impacto global positivo en el mercado laboral en un contexto de transición energética −centrado en la mitigación del cambio climático hacia economías y sociedades de bajas emisiones−, pero relega a un segundo plano los desafíos relativos a la adaptación al cambio climático (es decir, en la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas sociales, económicos y biológicos), y aparta a otros frentes abiertos del cambio global.

De este modo, se puede dar la circunstancia de que la transición energética no sea ecológica, pues es común encontrar propuestas que no tienen en cuenta el marco global de lo ecológico. Las fuentes de energía renovable forman parte del camino de la transición energética, pero no siempre cumplen con los requisitos de una transición ecológica que obliga a tener en cuenta otros criterios como la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la contaminación o la ocupación del suelo de infraestructuras verdes y su distribución territorial. Del mismo modo, un balance positivo del empleo no tiene por qué suponer una correspondencia entre transición energética y adjetivos como social, justa o democrática. Una transición energética puede ser socialmente injusta y reforzar estructuras de poder oligopólicas y antidemocráticas.

Con esta situación, en los últimos años se ha producido un punto de inflexión en la redefinición del término, poniendo el acento en la protección social, la lucha contra la pobreza, la creación de empleos asegurando alternativas laborales para los que pueden ver su puesto de trabajo en riesgo por el proceso de transición energética, la formación continua y la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad social. Poco a poco, su conexión con las transiciones socio-técnicas ha dejado paso a una vinculación más profunda con los conceptos de justicia energética −que abarca las dimensiones de la justicia distributiva (efectos de la política energética), procesal (participación) y de reconocimiento (demandas de los colectivos afectados)− y justicia ambiental −abarcando cuestiones de la responsabilidad histórica, equidad per cápita, desarrollo, derechos humanos y ambientales−, integrado un espectro más amplio de preocupaciones socioecológicas que van más allá de la dimensión sociolaboral de la transición energética.

De hecho, en 2022 el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre “Diálogo social en el marco de la transición ecológica” en el que se reconocía que “los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la preparación y la representación de los trabajadores en el proceso de transformación social y ecológica, por lo que debe asegurarse un diálogo social activo y coherente que garantice que la acción por el clima redunde en beneficio de los trabajadores, haga que la transición sea justa y no deje a nadie atrás”. No obstante, en este documento se destaca también que el diálogo social debe ir acompañado de un diálogo civil continuo y sólido −sobre todo con la sociedad civil organizada, y con la participación de las partes interesadas en el logro de una TJ−, y que es fundamental que todos los puestos de trabajo creados durante la transición respeten la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que incluye el derecho a un empleo digno, a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, la ausencia de discriminación, la prohibición del trabajo infantil y forzoso y la ausencia de violencia y acoso en el trabajo.

De este modo, el concepto de TJ es hoy utilizado por los movimientos obreros, grupos de justicia climática, movimientos sindicales internacionales, organizaciones feministas, gobiernos, círculos de política global, nacional y regional, o por el sector privado. Su extendido uso ha conllevado a una complejidad de su significado, que va desde la justicia en el ámbito laboral hasta las consecuencias más amplias del proceso de transición que, generalmente, incluyen a lo ecológico, a los territorios y sus comunidades y a las futuras generaciones. Sin ser necesariamente antagonistas, gran parte de estos grupos coincide en la definición inicial, pero difieren en quiénes son convocados en la toma de decisiones, bajo los intereses de quiénes y cómo se distribuyen los beneficios y costos de esta transición.

En términos generales, el concepto de TJ se ha abordado desde cuatro enfoques:

• Mantenimiento del “statu quo”: En el lado más conservador del espectro de la TJ, las reformas energéticas buscan realizar la transición mediante el “enverdecimiento” del capitalismo global, utilizando incentivos de mercado para provocar cambios voluntarios de las empresas contaminantes. Si bien estos cambios buscan reemplazar los trabajos asociados a combustibles fósiles por nuevos empleos (verdes), los patrocinantes de este tipo de reformas no cambian las “reglas de juego” y, por lo tanto, no consideran la integración de los territorios en los nuevos trabajos, ni previenen los impactos producidos por los proyectos de energía renovable y sus actividades asociadas. Así, el deber del Estado se limita a generar un ambiente propicio para incentivos verdes a productores y consumidores.
• Reformas de gestión: Este tipo de proceso busca mayor equidad y justicia a través del sistema económico existente, sin necesariamente desafiar las relaciones de poder que lo sostienen. Así, a través de reformas y políticas públicas puede modificar o crear nuevos estándares respecto al acceso al empleo, seguridad y salud de los empleados, etc. Asimismo, se enfatiza la importancia de la inversión público–privada para apoyar las medidas necesarias para proveer carreras de calidad a trabajadores actuales y futuros, junto a planes de asistencia (social y económica) para las comunidades que se enfrenten a los desafíos de la transición. Este tipo de reformas colocan un énfasis particular en el diálogo entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores.
• Reformas estructurales: Este tipo de estrategia se caracteriza por buscar el aseguramiento de una justicia distributiva y procedimental. Esto significa que los procesos de toma de decisión que guían la transición buscarán ser inclusivos y equitativos, proponiendo incluso una posesión y administración colectiva de los nuevos sistemas de energía limpia. Así, se destaca la conexión entre el sistema de energía basado en combustibles fósiles y desigualdades socioambientales, buscando no solo compensar a los más afectados, sino la reforma de las instituciones que crean esas injusticias. Sin embargo, este estilo de TJ requiere de profundos cambios institucionales, junto con una evolución de los sistemas sociales y políticos asociados a ellos, para que la sociedad pueda efectivamente hacerse cargo de estos nuevos sistemas energéticos.
• Transformación integral: En el polo más radical, estos abordajes implican una revisión completa de los sistemas políticos y económicos vigentes, los cuales son considerados responsables por la crisis socioecológica. Busca cambiar las reglas y modos de gobernanza, promoviendo caminos de alternativas al desarrollo y cuestionando un sistema de crecimiento continuo, así como también la actual relación del ser humano con la naturaleza. Bajo esta mirada, se han incluido las voces de grupos sociales comúnmente marginalizados como mujeres, comunidades locales, inmigrantes y personas LGBTIQ+, entre otros. Estas visiones consideran la cultura, la tradición y la sabiduría ancestral como elementos esenciales para una TJ que sea histórica y territorialmente pertinente.

Es evidente que la diversidad de actores y sectores que utilizan esta expresión permite una mayor inclusividad de problemáticas y voces, pero conlleva un riesgo de vaciamiento conceptual, al darle diversos sentidos dependiendo de sus propios fines y objetivos. Entonces, así como ocurrió con el concepto de “desarrollo sostenible”, la TJ puede derivar en un uso “políticamente correcto”, debilitando su potencial transformador. En estas circunstancias, los sindicatos se enfrentan a un difícil juego de equilibrios, agravado por un contexto de crisis socioecológica que pone en jaque el modelo de la generación de riqueza con base en el crecimiento continuo de la producción y del consumo. Por un lado, es cierto que tienen que definir medidas que protejan eficazmente a los trabajadores para que no se conviertan en víctimas de los procesos de cambio que ya están en marcha (prejubilaciones, recualificación, reubicación en nuevos sectores, etc.); pero, por otro lado, tienen que encontrar la manera de escapar de la estrategia puramente defensiva de reaccionar frente a políticas decididas en otros ámbitos, para convertirse en impulsores de la transformación socioecológica valiéndose de su capacidad organizativa y de su experiencia en políticas sociales, laborales e industriales (diálogo social en todos los niveles, equidad y no dejar a nadie atrás).

Este escenario no se producirá sin tensiones, ni sin movilizar y construir nuevas alianzas. Para ello el sindicalismo debe redefinir su papel en el proceso transformador, reivindicando su vocación como movimiento emancipatorio de reforma social, y destacando el hecho de que su mandato como representantes de los intereses de las personas trabajadoras no se limita al lugar de trabajo, sino que se extiende al conjunto de la sociedad. Se requiere de un gran liderazgo y voluntad política que ponga en marcha medidas ambientales ambiciosas y socialmente justas, que tengan en cuenta tanto la protección de los ecosistemas como las demandas de los colectivos, sectores y territorios más vulnerables ante la implementación de acciones para la transición ecológica y en los procesos de promoción y maximización de las oportunidades de empleo y bienestar derivadas.

Podemos definir la transición ecológica justa como un proceso compartido, planificado y deseado de reorganización de la vida en común, que tiene por finalidad la garantía de condiciones dignas de existencia para todas las personas y comunidades, con plena consciencia de que ese derecho ha de ser satisfecho en un planeta, con límites ya superados, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar para las generaciones más jóvenes y las que aún no han nacido.

4. La responsabilidad de los trabajadores y sus representantes. El cambio climático en la acción sindical.

Al considerar la relación entre el mundo laboral y el cambio climático, deberían tenerse en cuenta al menos tres aspectos clave:

– Los trabajos dependen, en general, de los servicios que ofrecen los ecosistemas. El cambio climático amenaza la provisión de muchos de estos servicios ecosistémicos vitales (por ejemplo, el suministro de agua dulce o la biodiversidad) y, por lo tanto, pone en peligro tanto a la actividad económica como a los trabajos que dependen de ello.

– Tanto el trabajo en sí mismo como las condiciones laborales seguras, saludables y decentes dependen de la ausencia de peligros. El cambio climático puede transformar a regiones enteras haciéndolas improductivas o hacer que los lugares de trabajo sean demasiado calurosos para trabajar, lo que conduce a la proliferación de trabajo precario e informal, a un aumento en el desempleo y, finalmente, a una migración inducida por el clima.

– Los riesgos y los peligros asociados con el deterioro ambiental tienden a afectar más a los trabajadores más vulnerables, incluyendo a las personas con trabajos precarios, mujeres, los trabajadores migrantes y otros grupos desfavorecidos.

Los científicos que conforman el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten de que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de las actividades humanas se encuentran en los niveles más altos de la historia de la humanidad, y de que los próximos años son críticos. Hasta ahora la reacción política ha sido débil. Todo hace indicar que la adopción de la Agenda 2030 de la ONU y sus ODS y el Acuerdo de París han establecido estándares universales, pero su impacto real está siendo demasiado limitado como para cambiar la situación de la forma en la que se requiere. La acción es vital y urgente, y si no se reducen las emisiones de forma inmediata y profunda en todos los sectores, el calentamiento global de un 1,5 ºC será un hecho en esta misma década.

Por eso, desde UGT estamos comprometidos no solo a apoyar sino también a lanzar las iniciativas necesarias que desde el ámbito local al autonómico sean útiles para no solo mitigar sino también adaptarnos a una situación que reclama medidas inmediatas. Este compromiso con el medio ambiente es consustancial a su propia condición. Por ello, y de conformidad con el ODS 13, conscientes de que “el cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades”, y de que son las personas más pobres y vulnerables las más perjudicadas, consideramos que es vital adoptar soluciones viables como las planteadas en el Acuerdo de París.

En el ámbito de la MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (reducción de emisiones de GEI) hay una puerta abierta a la esperanza, ya que los informes científicos también muestran que hay opciones disponibles en todos los sectores, basadas tanto en el desarrollo tecnológico como en el cambio de comportamientos, que pueden conseguir una reducción de las emisiones de al menos la mitad para 2030.

Una herramienta muy interesante y de gran valor para la sensibilización de la empresa es la huella de carbono, ya que ayuda a ponderar el impacto que genera una actividad ante el calentamiento global. Hoy en día, ya se perfila como un elemento diferenciador de las organizaciones que deciden comprometerse con el medio ambiente y apuestan por el desarrollo de una actividad sostenible. La huella de carbono mide la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad de empresa, evento o asociadas al ciclo de vida de un producto o servicio, en orden a determinar su contribución al cambio climático. Se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂-eq) y, además de contar las emisiones de dióxido de carbono, incluye otros GEI, como el metano, el N₂O y los CFCS.

En nuestro país existe un registro −creado por el Real Decreto 163/2014−, que recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. A su vez, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono, mediante una serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional.

En cuanto al ámbito de la ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, la empresa deberá tomar medidas que le ayuden a adaptarse a la nueva realidad climática. El proceso de análisis de riesgos y priorización de medidas de adaptación al cambio climático puede ser un proceso aislado en las actividades de la organización, pero se debe integrar en los sistemas de gestión existentes en la empresa (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, etc.). La adaptación busca dar respuesta a los impactos producidos por el cambio climático por lo que puede considerarse como un pilar de la mejora continua que se contempla en todos los sistemas de gestión. Para que la adaptación al cambio climático sea eficaz, requiere una gestión de riesgos sólida y la mejora de la capacidad de reacción de la empresa. Es deseable que la integración de la adaptación al cambio climático se realice cuando se implementa por primera vez el SGMA y si no, durante la revisión del sistema.

El diálogo social puede cumplir una función importante en la adaptación al cambio climático. Como resultado del aumento de las temperaturas o del riesgo del estrés por calor, pero también frente a los fenómenos meteorológicos extremos, puede que sea necesario adaptar las condiciones de trabajo y las jornadas (tanto el horario como la duración de éstas), lo que implica cambios en la vestimenta, uniformes y equipos, así como también la duración de los turnos y los descansos.

En este sentido, el Real Decreto-Ley aprobado en noviembre de 2024 por el Consejo de Ministros sobre permisos climáticos remunerados y medidas de seguridad laboral frente al cambio climático y catástrofes, constituye un avance significativo en la protección de las personas trabajadoras. Los puntos más relevantes incluyen: 

1. Permisos remunerados ante riesgos climáticos: La normativa establece hasta cuatro días de permiso remunerado cuando las condiciones climáticas o situaciones de catástrofe hagan imposible el acceso al centro de trabajo o impliquen un riesgo grave e inminente para las personas trabajadoras.
2. Protocolos obligatorios en convenios colectivos: Los convenios colectivos deberán incorporar protocolos de actuación específicos para prevenir riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos y catástrofes, reforzando el papel de la negociación colectiva como herramienta clave en la protección laboral.
3. Derecho a la información y a la seguridad: Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a ser informadas de las medidas previstas en caso de emergencias y se les garantiza que no sufran perjuicio alguno por proteger su seguridad, incluso con la posibilidad de detener la actividad si es necesario.
4. Prórrogas y flexibilidad: Cuando el periodo de cuatro días no sea suficiente, se prevé su prorroga y, en su caso, la utilización de ERTEs por fuerza mayor, compartiendo responsabilidades entre empresas y la administración. Conviene recordar que este tipo de ERTEs producen efectos desde que produjo la fuerza mayor y nos desde el día que se solicitan.
5. En todo caso, se contempla la posibilidad del teletrabajo cuando sea viable.
6. Compromiso futuro: El Ministerio de Trabajo se compromete a desarrollar un Real Decreto en el plazo de un año para abordar de manera integral la prevención de riesgos laborales frente a los efectos del cambio climático.

Es necesario que personas trabajadoras y empresarios se involucren, junto con los gobiernos, en el desarrollo de políticas de adaptación, ya que ellos tienen que garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud y hallar soluciones prácticas para permitir a las personas trabajadoras que continúen haciendo su trabajo ante las nuevas condiciones climáticas en condiciones dignas. La acción de los representantes de los trabajadores se ha de enfocar a conseguir que los lugares de trabajo sean más sostenibles e impacten menos en la naturaleza y a implantar acciones de adaptación que ofrezcan beneficios colaterales garantizando la protección de los derechos y los intereses de las personas trabajadoras.

ACCIÓN SINDICAL: ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS SINDICATOS?

A nivel autonómico y local, la participación de los sindicatos en la definición de las estrategias de adaptación es crucial. Varias regiones dependen en gran medida de sectores que van a verse gravemente afectados por el cambio climático (agricultura, turismo, silvicultura, pesca, infraestructuras, etc.). Algunos de estos efectos son riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, cierres de empresas permanentes o temporales, reubicación no deseada de empresas y desplazamiento de trabajadores y posibles pérdidas de empleo. Algunas regiones pueden enfrentarse a cambios estructurales tan importantes como los previstos para las regiones del carbón (por ejemplo, las estaciones de esquí de baja altitud). Las ciudades también se verán afectadas. Alrededor de tres cuartas partes de la población europea vive en zonas urbanas y las previsiones de los expertos indican que hasta el 80% de los costes de adaptación surgirán en las ciudades.

PARA EVITAR O MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LOS TRABAJADORES, LOS SINDICATOS DEBEN:

• Instar a los poderes públicos autonómicas y locales y a las organizaciones empresariales a que colaboren con los sindicatos para identificar y evaluar el efecto negativo que puede tener el cambio climático en el entorno económico y en los trabajadores (salud, condiciones de trabajo, pérdida de empleo, necesidad de nuevas cualificaciones).
• Promover la adopción de estrategias y políticas de diversificación económica a largo plazo que permitan la recalificación y reubicación de los trabajadores en los sectores de crecimiento e incluir medidas de protección social para aquellos que puedan quedar rezagados en las regiones más afectadas.
• Instar a los poderes públicos a establecer un diálogo sobre el establecimiento de estrategias de adaptación regionales y locales. Garantizar la participación sindical en su elaboración, aplicación y seguimiento con el fin de garantizar los intereses de los trabajadores.