Presentadas aportaciones al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

13 Sep Presentadas aportaciones al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) responde a los compromisos en materia de gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

El documento completo de aportaciones puedes descargarlo desde este enlace.

► Una actualización para adecuar el PNIEC a un nuevo contexto.

Desde la adopción del PNIEC 2021-2030 se han puesto en marcha diversos instrumentos tanto a nivel europeo como nacional en respuesta al nuevo contexto. Así, el pretendido aumento de ambición climática a nivel europeo, plasmado en los paquetes «Objetivo 55» y «REPowerEU», el contexto energético más reciente, o las medidas adoptadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han sido algunos de los factores clave que han marcado este proceso de actualización.

En consecuencia, se ha elaborado este borrador de actualización del PNIEC 2023-2030, que incluye unos objetivos que pretenden ser coherentes con la reducción de emisiones adoptada a nivel europeo, y que se concretarían en los siguientes resultados en 2030:

• 32% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990
• 48% de renovables sobre el uso final de la energía
• 44% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final
• 81% de energía renovable en la generación eléctrica
• Reducción de la dependencia energética hasta un 51%

► Observaciones generales.

La necesidad de abordar clima y energía en un contexto de crisis ecosocial.

Nuestro modelo de producción y consumo –basado en la idea de la abundancia de los combustibles fósiles y sustentado por parte de la humanidad a partir de la lógica del culto al crecimiento económico–, se ha traducido en un aumento exponencial de la huella ecológica, lo que ha supuesto la trasgresión de ciertos límites biofísicos y ha llevado al pico extractivo de numerosas materias primas no renovables. Además, este escenario –inalcanzable para el conjunto de la población mundial– también supone, irremediablemente, una lucha por la apropiación de los bienes naturales, y provoca un control y un acceso desiguales a los bienes estratégicos, lo que en muchas sociedades es generador desigualdad, injusticia y pobreza.
En el caso del clima, la masiva utilización de combustibles fósiles está provocando un aumento exponencial de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que unido al cambio de usos del suelo provocado por ciertas actividades económicas y urbanísticas está provocando un calentamiento global del Planeta que está detrás de la actual crisis climática, y que afecta especialmente a los más vulnerables.
De esta forma, la necesidad de transitar hacia un escenario donde los ecosistemas sustentadores de las sociedades y sus economías reviertan su decadencia, y que este tránsito tenga en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables es, desde nuestro punto de vista, no sólo un camino deseable, sino el camino por el que la sociedad española debería avanzar de forma seria y contundente. Es, con toda seguridad, la transición energética uno de los puntos desde donde se puede comenzar este camino, con una reducción de la huella ecológica de nuestro sistema de producción y consumo con base en la disminución de la demanda energética, la apuesta por las renovables, el ahorro y la eficiencia energética, y un modelo energético más cercano a los puntos de consumo y en manos de la ciudadanía.
Sin embargo, la actualización del PNIEC no asume en ningún momento el estado de crisis ecosocial (utilícese aquí cualquier expresión sinónima, como el de emergencia climática y ambiental utilizado por Gobierno de España), no contempla explícitamente la existencia de unos “límites seguros y justos del sistema terrestre” o la reducción de la  huella ecológica, ni define qué tipo de desarrollo o progreso se busca para los españoles, a partir de la “transición ecológica justa” (que tampoco es definida). Asume de forma reduccionista que los esfuerzos en este sentido han de concretarse con el cumplimiento de tratados u objetivos en materia de descarbonización, electrificación, eficiencia energética o reducción de la dependencia, atendiendo mejor el lado de los efectos positivos en el PIB que el de la justicia socioambiental, los intereses colectivos o los desequilibrios territoriales y demográficos.

Superar el tabú del decrecimiento energético y asumir la crisis energética estructural.

En el caso de la energía, el intensivo uso de combustibles fósiles (proporcionan el 83% de la energía primaria mundial, suponen más del 95% de la energía utilizada en el transporte de personas y mercancías y es la base de la agricultura industrial) ya está encontrando serios límites geológicos que ponen en entredicho su disponibilidad. Su finitud es, no obstante, incompatible con el crecimiento constante de una economía todavía enormemente dependiente de una fuente de energía que se ha demostrado, hasta hoy, insustituible por su alta eficiencia y tasa de retorno energético. Además, en Europa y particularmente en España, la dependencia de terceros países en el suministro de combustibles fósiles provoca una vulnerabilidad significativa en el mapa geopolítico, que expone de forma drástica a esta región a las tensiones internacionales, como la más reciente invasión rusa de Ucrania. Este marco se traduce desde hace años en una crisis energética con base en la escasez, repercutida en un aumento de la inflación que pone en jaque a la competitividad económica y al bienestar de buena parte de la sociedad, lo que se refleja en índices como el de pobreza energética.
Desde la Gran Recesión de 2008 nuestro país tiende hacia el decrecimiento en la producción y en el consumo energético. Aunque la expresión “decrecimiento” es tabú por su carácter peyorativo para un sistema económico que busca el crecimiento sostenido, el documento asume una reducción del consumo de energía final equivalente a un 1,6% anual desde 2019 hasta 2030. Esta estrategia responde al encaje natural de dicha realidad en nuestro país, pero también al planteamiento de un contexto de crisis energética que el documento sólo asume como algo coyuntural.

► Observaciones a las medidas.

La crisis de la pérdida de biodiversidad. No desvestir un santo para vestir a otro.

Sin los servicios que nos ofrecen los ecosistemas y su biodiversidad asociada, se pierde calidad de vida, empleo y salud. Sin embargo, un proceso acelerado y desordenado de expansión de las energías solar y eólica puede acabar produciendo daños irreversibles sobre la biodiversidad, pues la alteración o destrucción de los sistemas ecológicos tiene graves secuelas sobre ésta. Sería un gran fracaso que la pretendida lucha contra el cambio climático en materia de mitigación fuera responsable de un mayor deterioro de una ya de por sí frágil biodiversidad.

Descarbonizar sin perder democracia como centro del proceso de transición energética justa.

El objetivo de convertir España en un país neutro en carbono antes de 2050 supone una carrera para la implementación de energía renovable, que multiplicaría casi   x3 su presencia en el uso final de energía de 2019 en el horizonte de 2030. Este nuevo escenario que consagra el principio de que el uso de las energías renovables es de un interés público superior y el uso de un modelo industrial, favorece exclusivamente a las multinacionales y elimina los derechos de la ciudadanía en la transición energética al vulnerarse el Convenio de Aarhus de la Unión Europea. La transición energética puede suponer para algunos territorios cambios en el modelo social, territorial y económico profundos, que deben ser contrarrestados con investigación, planificación, regulación y diálogo social, identificando las asimetrías territoriales entre CC.AA. y entre los ámbitos urbano y rural. Los aspectos sociales y ambientales deben, por tanto, incorporarse plenamente en la planificación del despliegue de las renovables a corto y medio plazo, entendiendo como decisiva la idea de la reflexión sobre el dónde y en qué medida se incorporan las fuentes de energía limpia, mientras se construyen modelos de consumo alternativos, que reduzcan de forma drástica la demanda energética.

La crisis demográfica. Reforzando de verdad los factores de equilibrio territorial.

Si observamos a aquellos países que más éxito han tenido en la implantación de megavatios de renovables han sido los que aplicaron políticas que favorecían la generación distribuida y la participación de las comunidades locales, con un modelo que intenta aprovechar los espacios ya alterados, evita modificar paisajes y espacios agrarios y saca partido a los espacios públicos municipales. Desde UGT apostamos por la implementación de soluciones que sean coherentes con los esfuerzos de nuestro país en el proceso transición energética, pero también con el interés de reforzar positivamente la visión ciudadana, para que ésta no sea contemplada como un expolio y una industrialización de sus tierras para beneficio de las zonas urbanas y del oligopolio energético −que refuerza el conflicto entre el campo y la ciudad−, sino como una fórmula que permita un desarrollo rural capaz de frenar la despoblación y el envejecimiento, con un empoderamiento basado en parte en la generación de energía renovable, poniendo efectivamente las personas y el Planeta en el centro, y no al mercado.

El autoconsumo y las comunidades energéticas. Hacer la transición con las personas en el centro.

Creemos que este país tiene que apostar por un escenario energético en el que la energía renovable tenga importancia, pero el peso de los macroproyectos renovables está sobredimensionado con respecto a otros esfuerzos propositivos de una verdadera transición energética justa, como el autoconsumo y las comunidades energéticas. Creemos que, como en otros países europeos, debe realizarse un esfuerzo mayor para que estas posibilidades tengan mayor desarrollo por sus claras ventajas en comunidades vulnerables y en las poblaciones más pequeñas y aisladas.

La lucha contra la pobreza energética. Una palanca que imparte justicia y contribuye a la resiliencia.

Con los datos en la mano sobre pobreza energética parece urgente que uno de los principales compromisos de nuestro país en la transición energética se centre en asegurar un acceso asequible de la energía, especialmente a la población más vulnerable por su alta exposición a los riesgos de un periodo altamente inflacionario donde el verdadero beneficiario es el oligopolio que domina el sistema eléctrico y energético de nuestro país. Se necesitan medidas de más largo alcance, medidas preventivas que solucionen de una manera continuada en el tiempo  el problema, como la actuación en las viviendas para promover la rehabilitación exterior de elementos constructivos, que pueda garantizar un hogar digno que reúna las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, confort, salud y eficiencia energética.
También es necesario fijarse en la pobreza en el transporte con medidas para promover el acceso a medios de transporte más eficientes, especialmente al transporte público, a la movilidad activa, o alternativas de acceso al vehículo privado a las personas más vulnerables.

La transición sostenible del transporte y la movilidad. Un cambio radical mucho más allá de la revolución tecnológica.

El PNIEC pretende que este sector reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en 32 MtCO2eq, principalmente gracias al cambio modal y la apuesta por el transporte público y el ferrocarril, al apoyo a la mejora de la eficiencia y la digitalización del transporte, así como a la penetración de vehículo eléctrico y al uso de biocombustibles avanzados. Sin embargo, las medidas no están desarrolladas, no son claras y en la actualidad no parecen asequibles para millones de personas: en especial parece lacerante la situación del transporte por tren convencional, cercanías y de mercancías, en franco declive en favor de un tren de alta velocidad que carece de las características esenciales para convertirse en un transporte territorialmente vertebrador y económicamente accesible para la mayoría.
Sólo el tren convencional supondría un verdadero cambio modal en la movilidad de nuestro país, vertebraría los territorios más aislados, supondría una palanca para afrontar el reto demográfico y crearía dinamismo, empleo y riqueza en los pueblos y ciudades más pequeñas. Del mismo modo, una apuesta más fuerte que la planteada para el tren de mercancías reduciría notablemente las emisiones.

El Empleo verde. Una pata fundamental de la transición justa.

Aunque en el documento se asume que el PNIEC supondrá un aumento del empleo neto hasta los 522.000 empleos en 2030 (un 50% superior al aumento previsto en el PNIEC vigente), la expresión “empleo verde” aparece difusa, indefinida e infrautilizada. Por ello, demandamos una definición clara del papel del PNIEC en el empleo verde, así como el alcance de su impacto territorial, aspectos clave que determinarán el éxito de la mitigación del cambio climático con objetivos de justicia social y territorial. En este sentido, puede ser interesante introducir la capacidad que tenemos los sindicatos para pilotar y acompañar los procesos de estructuración de nuevos empleos verdes con base en nuestro compromiso con un nuevo modelo de desarrollo económico generador de nichos de empleo sostenibles y verdes y su conexión con los ODS.

El sector agrario. La ambición sí importa.

Se trata de un sector que está contribuyendo netamente al calentamiento global −al basarse en gran medida en un modelo agroganadero de explotación industrial− y, al mismo tiempo, se expone como uno de los sectores más vulnerables a los impactos climáticos, lo que está suponiendo en la actualidad la interrupción o el descenso del suministro mundial y local de algunos alimentos básicos y su encarecimiento. Si a este escenario se le añade el aumento de los costes de explotación, o la masculinización y envejecimiento del sector, el jaque a numerosas explotaciones agrícolas es evidente. Por ello, proponemos el cambio a un modelo de  “agricultura familiar sostenible” y a la generación de un empleo verde, con jóvenes bien formados, que contribuya en la transición ecológica y reduzca la brecha de género.

Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Tener en cuenta el sector LULUCF.

Desde UGT apostamos por un manejo sostenible de los bosques, la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los mismos, la repoblación y restauración urgente, participada y planificada de las zonas afectadas por incendios, el fomento de productos madereros sostenibles, así como la conservación y gestión de ecosistemas relacionados con reservas hídricas, como los humedales, pues constituyen importantes alternativas de mitigación, que deben ser recogidas con objetivos claros.