Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres: la resiliencia empieza en casa.

13 Oct Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres: la resiliencia empieza en casa.

El propósito del día se alinea con el Marco de Sendai, el acuerdo internacional para prevenir y reducir las pérdidas de vidas, medios de subsistencia, economías e infraestructuras básicas, complementa el Acuerdo de París y a la consecución de la Agenda 2030.

► Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2026: la resiliencia empieza en casa.

Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, esta iniciativa pretende concienciar a los gobiernos y a la opinión pública sobre la importancia de tomar medidas para minimizar los riesgos asociados a los desastres naturales y antrópicos. Además, se pretende subrayar la relación entre la vulnerabilidad ante los desastres y la desigualdad, destacando cómo el acceso desigual a servicios esenciales agrava la exposición al riesgo, perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad.

«La resiliencia empieza en casa» como tema para este año, reconoce que el hogar es tanto el principal lugar donde se sienten los impactos de los desastres como la primera línea de la construcción de resiliencia. Hace una llamada a todos los actores —gobiernos, sector privado, sociedad civil, organizaciones de personas con discapacidad, grupos de mujeres, redes juveniles, diversos líderes comunitarios y los propios hogares— para que tomen medidas concretas para reducir el riesgo de desastres allí donde más se necesita. Y es que la prevención exige una planificación territorial basada en el conocimiento de los riesgos, el cumplimiento de las normas de construcción, la rehabilitación y adaptación de las viviendas y una inversión pública suficiente para proteger a la población. También requiere sistemas de alerta temprana accesibles y comprensibles, planes de evacuación inclusivos y una preparación que tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores, la infancia, las personas con discapacidad y los hogares con menos recursos.

La responsabilidad es compartida, pero no idéntica. Las administraciones públicas deben garantizar una ordenación territorial adecuada, servicios de emergencia preparados y recursos para la prevención; las empresas deben integrar los riesgos en sus decisiones y actividades; y los hogares y las comunidades deben disponer de información, medios y oportunidades para participar en la construcción de entornos más seguros.

► Los desastres representan una amenaza creciente para la prosperidad económica y el desarrollo sostenible.

2026 está registrando nuevos récords de temperatura y sequías, incendios e inundaciones sin precedentes en todo el mundo. La pobreza y la desigualdad están exacerbando estos desastres. Nuestro mundo actual se enfrenta a un nivel sin precedentes de desastres provocados por la inadaptación del ser humano a las limitaciones y a los riesgos del espacio en el que habita. De hecho, la ONU en su informe sobre Riesgos Globales 2026, destaca a la inacción ante el cambio climático como el riesgo global más preocupante. Sin embargo, a pesar de los compromisos para aumentar la resiliencia, abordar el cambio climático y crear vías de desarrollo sostenible, las elecciones sociales, políticas y económicas actuales están haciendo lo contrario. Evidentemente, esta situación pone en peligro el logro del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, obstaculiza el progreso hacia el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, pero sobre todo pone a una buena parte de la humanidad en un callejón sin salida.

En nuestro país, y según datos recogidos para el año 2024, las estimaciones realizadas apuntan a que los eventos acontecidos supusieron unos costes económicos totales de aproximadamente 11.330 millones de euros, encabezados por la repercusión de la DANA de Valencia. El coste asegurado superó los 6.800 millones de euros, mientras que los daños estimados derivados de la ausencia de aseguración de familias y empresas ascienden a casi 3.290 millones de euros. A partir de los datos del CCS y Agroseguro, se estima que el PIB nacional cayó en 1.384 millones de euros y se perdieron 27.730 empleos equivalentes a jornada completa. Aunque las cifras son similares a las de años anteriores, el impacto se desplazó hacia industrias y servicios, especialmente transporte y hostelería.

En cuanto a las pérdidas humanas directas, en 2024 se registraron 270 fallecidos por desastres naturales, la cifra más alta del siglo XXI y superior a la del trágico episodio del camping de Biescas (1996). Las inundaciones fueron responsables del 89% de las muertes (239 víctimas), seguidas por las olas de calor (17), los temporales marítimos (7) y los incendios forestales (5), deslizamiento de terreno (1) y aludes (1). El 48% de las víctimas tenía más de 70 años, evidenciando la especial vulnerabilidad de las personas mayores y dependientes, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de planes de emergencia inclusivos y estrategias de autoprotección adaptadas a colectivos con discapacidad o movilidad reducida

► Castilla y León: sin acción climática no hay prevención, y sin prevención se multiplican los riesgos.

En Castilla y León los principales impactos procedentes de los desastres naturales son consecuencia de inundaciones, olas de calor, sequías o heladas, siendo el sector agrario el que más pérdidas sufre, pero también otros sectores económicos, infraestructuras y núcleos urbanos y rurales. Sin embargo, el cambio climático está causando peligros relacionados con el clima más frecuentes, extremos e impredecibles, como la proliferación de grandes incendios forestales. El cóctel formado por el cambio climático, la despoblación de las zonas más rurales o la práctica ausencia de gestión forestal y el abandono de los usos del suelo, está provocando que muchos de nuestros montes se estén convirtiendo en bombas de relojería que solo esperan a que su mecha sea prendida para convertirse en megaincendios. 

En Castilla y León, sin embargo, la magnitud de los riesgos climáticos contrasta con la insuficiencia de las políticas de prevención y acción climática. Los incendios de de 2025 y 2026, por ejemplo, han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, demostrando que la emergencia climática también tiene consecuencias sociales y territoriales de enorme alcance. Un solo incendio forestal en nuestra comunidad provocó más de 19.000 desplazamientos, según los datos recogidos en el informe global sobre desplazamientos internos de 2026. Ante esta realidad, no basta con movilizar medios cuando la catástrofe ya se ha producido. Es necesario cuestionar las políticas que relegan la prevención, la adaptación climática y la gestión sostenible del territorio, así como exigir responsabilidades por la falta de planificación y de recursos adecuados. Cada emergencia evidencia el coste humano, ambiental y económico de no anticiparse a los riesgos.

Desde UGT Castilla y León reclamamos un cambio de rumbo urgente: una política autonómica de acción climática ambiciosa, con objetivos verificables, financiación suficiente y medidas efectivas para reducir emisiones, adaptar municipios e infraestructuras, proteger los recursos hídricos, reforzar la gestión forestal sostenible y garantizar servicios públicos de prevención y emergencias preparados para los nuevos escenarios climáticos. La prevención debe llegar también al medio rural, donde la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial incrementan las dificultades para proteger a la población. Y debe incorporarse al ámbito laboral, garantizando que las empresas anticipen los riesgos meteorológicos extremos y protejan la seguridad y la salud de sus plantillas.

Si Naciones Unidas identifica la inacción climática como el principal riesgo global, Castilla y León no puede seguir tratando la acción climática como una cuestión secundaria. Prevenir no es un gasto prescindible: es proteger vidas, defender el empleo y evitar que las catástrofes sigan agravando las desigualdades sociales y territoriales.

► El reto, lo es también para las personas trabajadoras y sus representantes.

La acción humana –especialmente la de los países más ricos– está creando un riesgo mayor y más peligroso, y empujando al planeta hacia límites existenciales y ecosistémicos. La reducción de riesgos debe estar en el centro de la acción para acelerar la acción contra el cambio climático y lograr los ODS.

El riesgo de incumplir el objetivo de limitar la temperatura máxima promedio global a 1,5 ºC marcada en el Acuerdo de París antes de 2030, supone un escenario de aceleración potencial del ritmo y la gravedad de los eventos peligrosos, un riesgo sistémico que no se puede eliminar por completo, pero se puede reducir y abordar de manera más eficaz. Los responsables de tomar decisiones deben afrontar con valentía las consecuencias de la crisis socioecológica, y apostar por la creación de empleo verde y decente, por una transición justa, por medidas de resiliencia ante el cambio climático y de protección de la biodiversidad, o por una ordenación del territorio acorde con una disminución de nuestra vulnerabilidad ante los desastres naturales. La toma de decisiones requiere del aprovechamiento de los conocimientos existentes sobre reducción de riesgos, pero también de la suficiente dedicación a las personas trabajadoras y al mundo del trabajo tanto en su gobernanza como en sus medidas políticas.

Tal y como se recoge en el informe realizado por UGT Castilla y León “Empleo y cambio climático en Castilla y León”, se considera que todos los sectores económicos están en riesgo ante los desastres naturales, y que éste es mayor en función de su grado de dependencia de los recursos naturales (sectores agrario, agroalimentario, forestal, etc.), en función de su exposición al trabajo al aire libre y a altas temperaturas (construcción, turismo, etc.), en función de su exposición a los fenómenos meteorológicos extremos y a disrupciones en los ecosistemas (energía, sanidad y otros servicios públicos, etc.). Miles de puestos de trabajo podrían estar en peligro en España si no se toman medidas de adaptación, tal y como se desprende del informe de AON España.

Asumiendo este escenario, parece conveniente que en Castilla y León se impulsen políticas capaces de anticipar los riesgos climáticos, combinadas con medidas que puedan orientar a los diferentes sectores productivos hacia una economía más verde e inclusiva. Sin embargo, Castilla y León sigue careciendo del impulso político, de la planificación estratégica y de los instrumentos normativos necesarios para afrontar este desafío. La ausencia de una estrategia climática integral y de un marco propio para una transición ecológica justa evidencia un preocupante vacío de políticas públicas en una materia que condiciona nuestro futuro ambiental, económico, social y laboral. Mientras los riesgos se multiplican, la respuesta institucional sigue sin estar a la altura de la emergencia. Vamos tarde.

Desde UGT Castilla y León reclamamos a la Junta que abandone la inacción y active, en el marco del diálogo social, las políticas, estrategias e instrumentos necesarios para afrontar la emergencia climática y garantizar una transición ecológica justa, que proteja el empleo, los derechos de las personas trabajadoras y el futuro de nuestro territorio. Una gobernanza con capacidad de aumentar la resiliencia de nuestros ecosistemas y nuestra sociedad, que garantice el empleo verde y decente, la salud y la seguridad en el trabajo, y medidas de protección social para que nadie quede atrás. Es decir, una gobernanza para una transición ecológica justa.

En nuestros centros de trabajo, las personas trabajadoras y sus representantes también debemos iniciar −a través de la negociación colectiva− un diálogo en relación con el clima y el empleo con nuestros empleadores, capaz de diseñar estrategias de adaptación y sostenibilidad ambiental que anticipen los riesgos para la salud y la seguridad, el impacto en las condiciones laborales, la necesidad de nuevas competencias, y un empleo digno. Un camino seguro para el futuro.

Fuentes:

• «Barómetro de las catástrofes naturales en España 2024». AON, 2025.
• «Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 13 de octubre». Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
• «Informe de Evaluación Global de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres». GAR 2025, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
• «Informe sobre riesgos globales». ONU, 2026.
• «Una nueva estrategia europea de adaptación al cambio climático para el mundo del trabajo». CES.