Moverse es un derecho: UGT-CyL reivindica una movilidad laboral sostenible, segura y justa.

14 Sep Moverse es un derecho: UGT-CyL reivindica una movilidad laboral sostenible, segura y justa.

Con el lema “Movilidad para todas las personas” UGT Castilla y León vuelve a participar este año como Organización adherida a la SEM2026 con el desarrollo de varias acciones de difusión y sensibilización.

► Una llamada de atención.

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible, dirigida a sensibilizar a toda la sociedad sobre los beneficios tanto para la salud pública como para el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, la movilidad activa, el transporte público o el vehículo compartido. Esta iniciativa surgió en Europa en 1999, y en esta ocasión participarán más de 3.000 ciudades realizando acciones de conciencia social a favor de una movilidad activa del 16 al 22 de septiembre. El tema anual para este año 2026 seguirá siendo «Movilidad para todas las personas»,  poniendo el acento en la equidad intergeneracional, recordando que las necesidades de movilidad cambian a lo largo de la vida y que los sistemas de transporte deben ser accesibles, inclusivos y sostenibles para las generaciones actuales y futuras.

Para UGT Castilla y León, este planteamiento debe trasladarse también al ámbito laboral. Ir a trabajar es una necesidad cotidiana y la forma en que las personas se desplazan condiciona directamente sus condiciones de vida y de trabajo: el tiempo que dedican a sus desplazamientos, el coste que deben asumir, las posibilidades de conciliación, su salud y bienestar, la seguridad vial y, en determinados casos, incluso sus posibilidades de acceder o mantener un empleo. Por eso, desde el sindicato defendemos una idea fundamental: moverse es un derecho, pero no todas las personas pueden decidir cómo desplazarse al trabajo, por lo que hay que reivindicar una movilidad sostenible, accesible, segura y justa

► El actual modelo de movilidad tiene elevados costes ambientales y sociales.

El modelo basado en el uso mayoritario del vehículo privado genera importantes impactos sobre el medio ambiente y sobre la vida cotidiana de las personas trabajadoras: emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, ruido, congestión, ocupación del espacio público y consumo energético, pero también pérdida de tiempo, costes económicos, desigualdad y riesgos asociados a los desplazamientos.

Estos impactos no se distribuyen de manera uniforme: las características del territorio, la localización de los centros de trabajo, los horarios laborales, la disponibilidad de transporte público, la edad, la discapacidad, las responsabilidades familiares o el nivel de renta pueden determinar las opciones reales de movilidad de una persona. Una persona que no dispone de un transporte público adecuado o de alternativas seguras para caminar, utilizar la bicicleta o compartir vehículo puede verse obligada a asumir mayores costes económicos y de tiempo para poder trabajar.

Por ello, una política de movilidad laboral sostenible no puede limitarse a reducir emisiones. Debe garantizar también accesibilidad, seguridad, asequibilidad, igualdad de oportunidades y calidad de vida.

► La nueva Ley de Movilidad Sostenible abre una nueva etapa en materia de negociación colectiva.

UGT Castilla y León viene defendiendo desde hace años que los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) deben contar con la participación efectiva de las personas trabajadoras y de su representación sindical. No se trata únicamente de decidir cómo se desplazan las plantillas, sino de analizar las causas y condiciones que determinan esos desplazamientos y buscar soluciones colectivas.

Por ello, desde UGT reclamamos que los PMST incorporen medidas adaptadas a cada centro de trabajo: transporte público y colectivo, movilidad activa, bicicleta, coche compartido, carpooling, carsharing, aparcamientos seguros, ayudas o incentivos al transporte sostenible, mejoras de accesibilidad y medidas de seguridad vial, entre otras.

También consideramos fundamental coordinar estos planes con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de los municipios, especialmente en polígonos industriales, hospitales, universidades, grandes centros de actividad y otros espacios que concentran miles de desplazamientos diarios.

Este planteamiento adquiere una nueva dimensión con la entrada en vigor de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, que incorpora los PMST como instrumentos vinculados a las relaciones laborales. De hecho, la nueva norma establece que las empresas y entidades del sector público deben disponer de estos planes en los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, y establece que los planes deben ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.

Además, la Ley 9/2025 modificó el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores para establecer el deber de negociar medidas dirigidas a promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo dentro de la negociación colectiva.

Para UGT Castilla y León, este cambio normativo es especialmente relevante porque supone reconocer que la movilidad al trabajo no es únicamente una cuestión de transporte o de gestión empresarial: también es una cuestión laboral y sindical.

► ¿Qué es un PMST y qué papel tenemos las personas trabajadoras?

Un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) es una herramienta que permite conocer cómo se desplazan las personas trabajadoras hasta su centro de trabajo y establecer medidas para conseguir una movilidad más sostenible, segura, accesible y justa. Debe ser un proceso de participación, negociación, aplicación y evaluación que produzca cambios reales en la movilidad al trabajo.

El plan parte de un diagnóstico de la movilidad: cómo se desplazan las personas, desde dónde, en qué horarios, qué medios utilizan, qué costes soportan y qué problemas o riesgos encuentran. A partir de este análisis se establecen objetivos y medidas, se ponen en marcha las actuaciones acordadas y, finalmente, se realiza un seguimiento y evaluación para comprobar sus resultados y corregir lo que sea necesario.

En este proceso intervienen diferentes actores. La empresa debe facilitar los recursos y asumir los compromisos necesarios para poner en marcha las medidas; las personas trabajadoras y su representación legal aportan el conocimiento de las necesidades reales y participan en la negociación y seguimiento del plan; las administraciones públicas tienen un papel fundamental para garantizar unas buenas infraestructuras y una oferta adecuada de transporte público; y el gestor o gestora de movilidad actúa como figura de coordinación e impulso, facilitando el diagnóstico, la puesta en marcha de las medidas, la comunicación con las personas trabajadoras y el seguimiento de los resultados.

La participación de todos estos agentes es esencial, pero la participación de las personas trabajadoras y de sus representantes debe ocupar un lugar central. Son quienes conocen de primera mano las dificultades de los desplazamientos cotidianos y quienes deben poder intervenir en las decisiones que afectan a su movilidad.

► Las demandas sindicales: una movilidad que también se negocia