Algunas respuestas ante la pobreza energética con justicia social y ambiental.

16 Feb Algunas respuestas ante la pobreza energética con justicia social y ambiental.

Del 17 al 23 de febrero se conmemora la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética para reivindicar la visibilidad de un conflicto que carece de medidas contundentes para los ciudadanos más vulnerables.

► Un enfoque integral para unas causas multifactoriales y estructurales de la «pobreza energética».

La «pobreza energética» se define como «una situación en la que un hogar o una persona no puede permitirse los servicios energéticos básicos (calefacción, refrigeración, iluminación, movilidad y electricidad) que garantizan un nivel de vida digno, debido a una combinación de bajos ingresos, altos costes energéticos y una escasa eficiencia energética de su vivienda»(3).

Sin embargo, esta asociación de la pobreza energética exclusivamente con factores como la inestabilidad e informalidad de la mano de obra con bajos salarios, el mayor coste de la vida (inflación), o la ineficiencia energética de la vivienda, fundamentalmente, es insuficiente para algunos expertos. E. Escribano Alonso y P. J. Cabrera Cabrera (10), amplían las causas de esta vulnerabilidad a circunstancias personales, pero también, como muestra el gráfico, a las condiciones de la vivienda, a las condiciones del mercado y a factores sociales y medioambientales:

Lo que parece claro es que las causas de la pobreza energética son profundamente estructurales: abarcan, al menos, las actuales políticas económicas, sociales, laborales, energéticas, climáticas, tributarias, de bienestar, de vivienda y de salud. Van, por tanto, mucho más allá de la tríada de “bajos ingresos – baja eficiencia energética – gasto elevado”, que se han considerado tradicionalmente para establecer el contexto para abordar la problemática. De hecho, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) habla en su último dictamen(5) de factores sociales, medioambientales, económicos y geopolíticos, y exige una perspectiva integral que implique un análisis global del problema y la participación de diversas partes interesadas, desde los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil (incluidos los sindicatos), las empresas y las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales (incluidos los ayuntamientos y los servicios municipales).

► Casi 7 millones de españoles no pueden calentar adecuadamente su hogar.

Europa y sus Estados miembros se encuentran en una encrucijada en la lucha contra la pobreza energética. A pesar de los esfuerzos incluidos en el Pacto Verde Europeo (que pretende alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, pero también subraya la necesidad de integrar el objetivo de mitigar la pobreza energética y «no dejar a nadie atrás»), la pobreza energética no está disminuyendo significativamente, incluso ha aumentado en algunos países donde la amalgama de crisis energética, ambiental y social ya empezaba a dar la cara en 2021.

El Observatorio Europeo de Pobreza Energética establece 4 indicadores para este problema: la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos. El primero de estos indicadores es, sin embargo, uno de los más utilizados para medir la pobreza energética, y en  2020 la Comisión Europea reconocía que el 7,5% de los europeos no podían calentar adecuadamente su hogar, una cifra que en España ascendía al 10,9%. 27 países han recopilado esta información para este indicador en 2021, como se ilustra en el mapa de RTVE(6) realizado con datos de EUROSTAT:

Según las fuentes antes señaladas, la UE ha mejorado este indicador hasta el 6,9% en 2021, pero en nuestro país ha llegado al 14,3% de la población, según la «Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética». Así, de acuerdo con el Informe «Indicadores de Pobreza Energética en España en 2021″ de la Universidad Pontificia de Comillas (UPC), en 2021 hubo 6,7 millones de personas que no pudieron calentar correctamente sus domicilios, 1,6 millones más que en 2020. España sigue, de este modo, como el sexto país de la UE en el que más personas afirman no poder mantener una temperatura adecuada en su hogar, detrás de países como Lituania, Bulgaria, Grecia o Portugal. Además, el 9,5% de la población (4,5 millones de personas) no pagó sus facturas energéticas en fecha. Según el informe de la UPC, sin las diversas medidas introducidas por el gobierno español –como la reducción del IVA, del impuesto de electricidad, o de cargos y peajes en la factura eléctrica–, el indicador HEP en 2021 –que identifica a un hogar en pobreza energética oculta severa– habría alcanzado el 11,65%, un 1,3% más, lo que equivaldría a casi 200.000 hogares adicionales.

► Actualización de indicadores: Más de 200.000 castellanos y leoneses en estado de pobreza energética.

Si bien a partir de la «Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética» se puede extraer que en 2021 tres de los cuatro indicadores primarios de pobreza energética han mejorado respecto a los valores de 2020 a nivel nacional, ninguno está cumpliendo los objetivos mínimos marcados en la Estrategia para 2025.  En la actualización de indicadores en el caso de Castilla y León para el año 2021, se confirma una tendencia negativa preocupante en dos de ellos, tal y como se puede observar en la siguiente tabla:

Copia de Indicadores de pobreza energética correspondientes al año 2021 en CyL (MITECO).

*En relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
**El gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.

De estos datos se puede extraer que, aunque los indicadores sobre «el porcentaje de hogares con un gasto energético excesivamente bajo» o sobre «el porcentaje de gasto en suministros energéticos  desproporcionado sobre el nivel de ingresos» han mejorado, sigue multiplicándose la población incapaz de mantener una temperatura adecuada en su hogar (x4 desde 2017) y la que se retrasa en el pago de las facturas energéticas (x3,6). Esto supone que son unos 200.000 castellanos y leoneses los que no pueden permitirse mantener un confort básico en sus hogares, pero, sobre todo, que nuestra Comunidad Autónoma se está alejando de los objetivos mínimos marcados por la Estrategia.

► Mujer con menores a su cargo, el perfil de la pobreza energética.

A los datos ya conocidos proporcionados desde la Cruz Roja (que indican una alta incidencia de la pobreza energética en mujeres y hogares donde viven menores de 16 años (7)), hay que añadir que los datos del MITECO para 2021 señalan a los hogares más grandes (5 miembros o más) como los que más problemas tienen para pagar sus facturas energéticas, pero son los hogares con parados, formadas por un solo miembro (sobre todo con 65 o más años) y las familias formadas por un adulto con hijos dependientes, como los perfiles de población más significativos sin una temperatura adecuada en su vivienda en invierno.
Estos datos, junto a los recogidos en diversos estudios, ponen de relieve que el riesgo de sufrir pobreza energética es mayor entre las mujeres que entre los hombres y aumenta significativamente con la edad y en los hogares sustentados solo por una mujer.

Hay que señalar que vivir en una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno/verano o con moho y humedades, influye directamente en la privación material –tener que elegir entre calefacción o alimentación, o calefacción o material escolar–, en el absentismo o bajo rendimiento académico en la población infantil, en la disminución de los contactos sociales y de las oportunidades educativas y laborales de las personas adultas, o en la salud.
En este último caso, la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales (asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc.), que afectan más intensamente a segmentos de población vulnerables como niños, adolescentes y ancianos.

► Algunas respuestas a la crisis energética y a la pobreza energética con justicia social y ambiental.

El pilar europeo de derechos sociales incluye la energía entre los servicios esenciales a los que toda persona tiene derecho a acceder (principio 20: «Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos», que es también uno de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 (ODS 7). No obstante, la Conferencia sobre la Pobreza Energética (2021) consideró que la erradicación de la pobreza energética a 2030 debería ser un objetivo vinculante en la UE, y el último dictamen del CESE ha pedido que se establezca una estrategia de la UE que aspire a poner fin a la pobreza energética a largo plazo, y que sea capaz de garantizar que las transiciones climática y energética se diseñen y apliquen de forma justa, equitativa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

Efectivamente, para no dejar realmente a nadie atrás, la UE debe ser más audaz en las cuestiones sociales, ambientales y territoriales y abordar los efectos secundarios negativos de las políticas económicas. Al dejar que los Estados miembros decidan qué medidas ponen en práctica para realizar la transición y para combatir la pobreza energética (como apostar por un cambio tecnológico a gran escala), Europa está renunciando a la oportunidad de demostrar un liderazgo real con medidas integrales, participativas y de verdadero interés general. En nuestro país, por ejemplo, la transición energética se está basando en buena medida en un crecimiento exponencial de los macroproyectos de energías renovables, un modelo extractivista y dominado por un reducido grupo de empresas, que muchas veces localizan sus proyectos sobre y cerca de áreas de alto valor ambiental/cultural y, en pocos casos, contemplan los impactos sinérgicos, sobre el empleo local, el medio ambiente o la biodiversidad. Sin embargo, en una transición energética justa (TEJ) es prioritaria una reflexión sobre la cantidad de energía que utilizamos, el fomento de un consumo consciente, el conocimiento de los límites que nuestros ecosistemas y sus recursos naturales nos imponen. Los retos a los que nos enfrentamos no son solo tecnológicos, sino que tienen una componente social/ambiental esencial que supone ir más allá de una hipotética reducción de gases de efecto invernadero, sino en la generación de un cambio de paradigma en la participación de la ciudadanía en el modelo energético, con el fomento de la comunidad, del desarrollo rural, del reconocimiento del derecho a la energía y la calidad democrática, acompañadas de medidas fiscales y de reducción de la demanda, junto al impulso de la eficiencia energética y la economía circular.

Desde UGT-CyL entendemos que debemos acelerar la acción climática, incluyendo medidas tanto de mitigación como de adaptación, al mismo tiempo que se apuesta por una transición energética, cuyos costes no recaigan ni sobre las personas ni sobre los territorios más vulnerables de nuestras sociedades. La ecuación es sencilla: Eficiencia energética + energía renovable + transición justa + democracia= Lucha contra el cambio climático y la pobreza energética.

Así, desde UGT-CyL instamos a mitigar la pobreza energética con medidas que incluyan:

● La elaboración de informes precisos y mejorados para disponer de datos de alta calidad sobre el mejor modo de llevar a cabo la cuantificación y el seguimiento de la pobreza energética.
● La publicación de planes de seguridad para los hogares de bajos ingresos y vulnerables hasta 2025 y planes para el acceso equitativo e inclusivo a la energía en el contexto de la transición energética.
● El avance en la acción climática y la aceleración hacia una transición justa del sistema energético, que asegure la participación de la ciudadanía en un modelo energético que reconozca y respete los límites sociales, ambientales y territoriales.
● La apuesta por un modelo energético descentralizado, donde prime la participación colectiva y el autoconsumo en la instalación y el uso de energías renovables, especialmente en territorios rurales y dirigido a la población más vulnerable.
● La creación de empleos verdes y decentes a partir del diálogo social y la negociación colectiva, pues afectan positivamente a la transición energética y la preservación del medio ambiente, y que podrían resolver las tres causas principales de la pobreza energética: bajos ingresos, baja eficiencia energética y altos costos de energía.
● Garantizar que las medidas de eficiencia energética (políticas de rehabilitación), lleguen a los hogares de bajos ingresos.
● Mejorar el transporte público y su acceso a las personas y trabajadores más vulnerables a través de planes de movilidad al trabajo.
● La mejora del bono social para extenderlo a todas las personas vulnerables, eliminando las trabas burocráticas y con descuentos coherentes con unas condiciones de confort mínimas.
● Mejorar la información, capacitación y empoderamiento de los consumidores más vulnerables para controlar y ahorrar en el consumo energético.
● Invertir en servicios municipales para hacer frente a la pobreza energética y ayudar a las familias y grupos de difícil acceso.
● Garantizar el apoyo y la inversión en una transición justa en las ciudades, de acuerdo con las recomendaciones presentadas por la Llamada a la Acción de las Ciudades y Sindicatos para una Década Climática para Empleos de Buena Calidad.

Fuentes:
-(1) Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. 2022. MITECO.
-(2) Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
-(3) Centro de asesoramiento sobre pobreza energética. Comisión Europea.
-(4) «Crece el número de hogares con temperatura inadecuada». Universidad Pontificia de Comillas, 2022.
-(5) «Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Abordar la pobreza energética y la resiliencia de la UE: retos desde una perspectiva económica y social». Comité Económico y Social Europeo, 2022.
-(6) «El miedo a la factura: España duplica la media europea de personas que no pueden mantener su hogar caliente». L. Montilla. RTVE, 2023.
-(7) «Hablemos de pobreza energética». Cruz Roja.
-(8)«Incapacidad para calentar adecuadamente el hogar: encuesta EU-SILC». EUROSTAT.

-(9) «La transición energética debe ser justa: Tres grandes temas». V. Viñuales Edo et al. Papeles de Economía Española, N.º 174, 2022. ISSN: 0210-9107. Funcas.
-(10) «Papel del trabajo social y los servicios sociales en la lucha contra la pobreza energética». E. Escribano Alonso y P. J. Cabrera Cabrera. Papeles de Energía, 2019. Funcas.
-(11) «Transición Justa y Crisis Energética». The B Team. Confederación Sindical Internacional.
-(12)«UGT reclama medidas más eficaces contra la pobreza energética».  UGT-CEC.
-(13) «Un manual para una transición justa con la gente». R. Barrella et al. Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER 2017-2021). ECODES.