20 May Valoraciones de UGT ante la aprobación del anteproyecto de ley de Cambio Climático.
Es urgente y necesario, pero poco ambicioso en la reducción de emisiones y en el desarrollo de la estrategia de transición justa.
► El proyecto de Ley de cambio Climático, aprobado hoy y que iniciará así su trámite parlamentario, debe servir de base para una recuperación verde y socialmente justa tras la pandemia
► El texto no es todo lo ambicioso que podría en materia de reducción de emisiones, ya que establece el objetivo en el 20% a 2030, que es inferior al 23% que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
► La regulación incluida sobre la Estrategia de Transición Justa no asegura que las medidas de descarbonización de la economía y de adaptación al cambio climático cuenten con recursos y planificación suficientes para garantizar que nadie se quede atrás. El sindicato exige participación real y efectiva de los agentes sociales en todo el proceso y convocatoria de una mesa de diálogo social.
Desde UGT, consideramos que es muy positivo contar por fin con el proyecto ley de cambio climático en nuestro país. Es algo que debía haber sucedido hace mucho tiempo, pero que debido a la situación política que hemos atravesado los últimos tiempos, se había pospuesto sufriendo un atraso inaceptable. Como venimos demandando desde el movimiento sindical, es necesaria una recuperación verde y socialmente justa ante la crisis provocada por el coronavirus y en este sentido, la ley de cambio climático debe actuar como un documento clave sobre el que apoyarse.
Con relación al objetivo del 20% de reducción de emisiones en 2030, consideramos que la ley es poco ambiciosa, ya que no cumple con las indicaciones de la ciencia e incluso no llega al 23% establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. También hay que destacar que, en contraste con el contenido dedicado al sector energético, existe un menor desarrollo normativo apreciable para determinados sectores tales como la automoción, el agua o la agricultura, que también van a sufrir el impacto de la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Con respecto a la regulación dedicada a la Estrategia de Transición Justa, a día de hoy desde UGT no estamos convencidos de que todas las medidas de descarbonización de la economía, así como las de adaptación al cambio climático, vayan a contar con los recursos y planificación necesarios para evitar que nadie se quede en el camino. Se necesitan planes de transición justa centrados en los sectores y colectivos más vulnerables, pero donde es realmente importante poner el foco es en los territorios afectados y también en los trabajadores y las trabajadoras que pueden verse indirectamente afectados. Tenemos que dar soluciones que faciliten la diversificación económica y el desarrollo rural. Por eso seguimos reivindicando la participación real y efectiva de los agentes sociales en todo el proceso y la existencia necesaria de una mesa de diálogo social.
Objetivos para la neutralidad climática.
El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:
– Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
– Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
– Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990, según el Ministerio, un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
– Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
– Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.
Herramientas de acción climática.
Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), y la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050. El texto mantiene la puesta en marcha de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Además incluye que, a partir del 31 de diciembre de 2021, las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Hacia la movilidad sostenible y progresiva implantación de puntos de recarga.
Las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sean 0 emisores de CO2 en el año 2050. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán además habilitar zonas de bajas emisiones. Además, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.
Desinversión en productos energéticos de origen fósil.
Con relación a los combustibles fósiles, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial. Por el contrario, se aprobarán planes específicos para impulsar el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.
Neutralidad climática sin dejar a nadie atrás.
En cuanto al empleo, se incluye un capítulo de Transición justa. La norma asume que esta transformación creará empleo, pero también tendrá impactos con pérdida de puestos de trabajo en determinados sectores. En este sentido, el Gobierno aprobará una Estrategia de Transición Justa con la participación de las comunidades autónomas y los agentes sociales cada 5 años.
Fuentes: UGT y MITERD.
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