Vulnerables ante las sequías: Las nefastas consecuencias de la inacción climática.

19 Jul Vulnerables ante las sequías: Las nefastas consecuencias de la inacción climática.

El abordaje de la crisis socio-ecológica, contemplado en las principales agendas políticas, sigue sin tener peso específico en el debate y en las decisiones públicas, más preocupadas por cuestiones cortoplacistas que suelen excluir de su análisis coste-beneficio las externalidades socio-ambientales.

El descuido del medio rural, desde la óptica de su inadaptación al cambio climático, tiene su reflejo en el trato a muchas de las personas trabajadoras del sector forestal, que mantienen unas condiciones absolutamente precarias.

► Nos los dijeron: La anomalía que ya es la norma.

Desde al menos una década, los científicos nos advierten de que los ecosistemas de tipo mediterráneo se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático, debido al incremento de la temperatura, al cambio en las precipitaciones, al aumento de las sequías y al mayor riesgo de incendios. Para los expertos, la vulnerabilidad está definida como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Uno de estos fenómenos meteorológicos extremos es la sequía, que suele aparejar el riesgo de graves consecuencias económicas y ecológicas para las sociedades afectadas, una frase que parece de perogrullo, pero que los científicos no dejan de repetir.

Solo en el último año, decenas de estudios e informes advertían de las señales de un cambio climático desbocado. Uno de ellos señalaba a la península Ibérica como el «punto más caliente» de esta tendencia, donde la probabilidad de sufrir una sequía severa en verano sería del 96%. Desde la Organización Meteorológica Mundial nos advertían de que cuatro de los indicadores clave del cambio climático (concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel del mar, contenido calorífico de los océanos y acidificación de los océanos) registraron valores sin precedentes en 2021. Un reciente estudio publicado en «Nature Geoscience» alertaba de que el cambio en el sistema de altas presiones sobre el Atlántico producirá inviernos más secos cada año en la península Ibérica, una anomalía de la circulación atmosférica que, según otros estudios pueden explicar en parte la expansión tanto latitudinal como altitudinal del cinturón de los incendios, que ya afectan a zonas de Europa donde hasta ahora eran raros (Reino Unido, Escandinavia, Alpes, Pirineos, etc.), debido al aumento de su inflamabilidad. Otras anomalías atmosféricas responsables de temperaturas extraordinariamente más altas y de patrones de precipitación más erráticos, dieron lugar a situaciones de sequía severas causantes de los grandes incendios forestales de Portugal (2017), California (2018, 2020), Australia (2019), Turquía (2021) o Siberia (2021, 2022). Ya mencionamos en un artículo reciente que, según el Atlas Mundial de la Desertificación, España es uno de los países de Europa con mayor riesgo de desertificación. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, España es también uno de los países de la UE con mayor riesgo de incendios, fenómeno que se agrava en situaciones de sequía y en suelos desertificados.

Antonio Guterres (Secretario General de la ONU), llamaba «expediente de la vergüenza» refiriéndose al último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que advertía en marzo de la importancia de tomar medidas urgentes y determinantes que influyan en la forma en que las personas se adaptarán y cómo la naturaleza responderá a los crecientes riesgos climáticos. En abril, algunos de nuestros científicos más reconocidos optaron por rebelarse a partir de actos de desobediencia civil, para denunciar la inacción ante la emergencia climática, un escenario que, sin embargo, está reconocido a través de la «Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España» por parte del Gobierno Central.

A pesar de la generalizada ausencia de respuestas reales a las evidencias científicas, el hartazgo ante la tibieza de las administraciones de los diferentes gobiernos frente a los riesgos de la crisis socio-ecológica sólo termina de manifestarse en algunos sectores de la sociedad cuando los riesgos se hacen patentes. Por ello, porque nos lo dijeron y nos lo siguen diciendo, debemos escuchar a los científicos y exigirnos y exigir un cambio radical en las políticas que gestionan nuestros montes, nuestros espacios naturales protegidos, nuestra biodiversidad, nuestros ríos, nuestro patrimonio natural y cultural, etc. En definitiva, todo lo relacionado con el cuidado de las personas y la naturaleza.

Fuente: El Roto.

► Bienvenidos a la era de los incendios que ya no podemos apagar con agua.

Ya sabíamos lo que estaba pasando, ya debíamos entender por qué ocurren cada vez con más frecuencia estos incendios catastróficos y ahora ya sabemos cuáles son sus devastadoras consecuencias. Incluso nos hemos dado cuenta de que el modelo de gestión del territorio rural y forestal está resultando trasnochado, tras décadas de dejadez y de inacción climática. Y es que la era de los incendios que ya no se pueden apagar con agua, ha llegado. No podemos seguir combatiendo el fuego con las mismas armas, es absolutamente temerario medir el éxito de la extinción de un incendio en función de la suerte meteorológica, es imprudente fijar los operativos a partir de calendarios que se diseñan al margen de las advertencias científicas y en ausencia de un análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas. Es inoperativo mantener a un importante contingente de trabajadores forestales en situación de precariedad laboral, y es urgente que la campaña de prevención y extinción de incendios forestales se desarrolle sin discontinuidades.

Nuestro país acumula más de 2,3 millones de hectáreas calcinadas en las últimas dos décadas, según los datos recopilados por el MITECO hasta 2021. Castilla y León ha contribuido de forma decisiva en esta estadística, siendo la segunda comunidad autónoma tanto en superficie quemada, como en número de grandes incendios forestales, tras Galicia. Esta especie de diezmo insoportable (en torno a las 25.000 hectáreas según la serie histórica desde 1991) al que año tras año varias comarcas castellanas y leonesas deben contribuir en función de la climatología que toque, no suele incluirse en ningún balance socio-económico al final de ninguna legislatura. La superficie quemada se suele medir en hectáreas, pero (aunque nunca será suficiente), pocas veces se mide en euros y, mucho menos, se supervisa la eficacia de las inversiones realizadas para la recuperación de la zona, sobre todo porque ésta va más allá del cortoplacismo político.

Hoy, con los denominados «incendios de sexta generación» sabemos que los incendios no se apagan con agua, sino con gestión forestal y planificación territorial. En Castilla y León somos buenos apagando incendios forestales (el 72,7% de ellos fueron extinguidos en fase de conato –menos de 1 hectárea– en 2021), sin embargo, no lo somos evitando que se produzcan (1052 incendios arrasaron 28.676 hectáreas en 2021). Un cóctel de ingredientes como el cambio climático, la despoblación de las zonas más rurales o la práctica ausencia de gestión forestal y el abandono de los usos del suelo, está provocando que muchos de nuestros montes se estén convirtiendo en bombas de relojería que solo esperan a que su mecha sea prendida (el incendio de Navalacruz significó el 77% de toda la superficie quemada en Castilla y León en 2021) para convertirse en superincendios, capaces de retroalimentarse y generar una crisis incendiaria inabordable, que pone en grave peligro a los ecosistemas, a la población y a los propios servicios de extinción, por su alto potencial de siniestralidad.

► Del vaciamiento demográfico a la amenaza de la desertificación: consecuencias de la vulnerabilidad climática.

En lo que llevamos de año, el desenlace en materia de incendios forestales en España y en Castilla y León es absolutamente insoportable, como consecuencia del acontecimiento de una serie de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con la sequía y el calor. En pleno invierno ya se quemaron más de 2.000 hectáreas en Hermisende (Zamora), y en junio en la sierra de La Culebra  (Zamora) fueron pasto de las llamas 26.000 hectáreas (catástrofe que tuvo una unánime contestación social ante la inexistencia de un operativo adecuado en plena alerta máxima por peligro de incendios). En julio los incendios se multiplicaron con la llegada de una nueva ola de calor, con casos gravísimos en Monsagro y Candelario (Salamanca, con una superficie de 10.000 hectáreas), en Cebreros (Ávila, con unas 4.500 hectáreas) y en Montes de Valdueza (León, con unas 1.500 hectáreas). Pero donde el fuego ha sido monstruoso ha vuelto a ser en Zamora (Losacio, Figueruela y Roelos, con más de 35.000 hectáreas estimadas, 2 fallecidos, 15 heridos y casi 40 pueblos desalojados). Hablamos de unas 100.000 hectáreas arrasadas en Castilla y León en lo que llevamos de año, aproximadamente cuatro veces más que la media de la serie histórica, del que ya es el año con peores estadísticas.

Las comarcas forestales de Alcañices, Villardeciervos, Tábara y Benavente, han sido testigos de la mayor catástrofe medioambiental de Castilla y León y (por sus dimensiones), también la mayor de España después del hundimiento del Prestige, alojando en su interior una superficie continua que puede alcanzar las 60.000 hectáreas calcinadas. Solo en el incendio de Losacio se han contabilizado unos 6.000 desplazados climáticos, vecinos que ahora vuelven a sus casas solo para comprobar que están rodeados por una devastación desoladora. Naturalmente, el dolor es mucho mayor para las familias de los dos fallecidos (Daniel, brigadista y Victoniano, pastor, DEP) y de los heridos que todavía luchan por su recuperación. Ellos, formarán parte del capítulo más estremecedor que recordaremos, pero no podemos dejar sin poner en valor las constantes muestras de valentía, solidaridad y esperanza que se están dando entre los habitantes de los pueblos afectados y los trabajadores forestales y de protección civil venidos de media España, y que están trascendiendo a múltiples dimensiones en las que la gratitud sustituye al pánico vivido. Lo han perdido casi todo, y aunque la urgencia ha sido atendida de forma más que intachable por los profesionales de los distintos servicios de emergencia –quienes han trabajado hasta la extenuación–, empieza a correr el reloj para apuntalar la emergencia que requieren estas comunidades y estos territorios ante la perentoria necesidad de medios que contribuyan en la recuperación de lo que ha quedado de sus negocios, de sus proyectos, de su día a día.

Fuente: Emilio Fraile. 
La Opinión de Zamora.

En un contexto de complejidad en el que se sabía que nuestros pueblos y territorios son vulnerables ante los fenómenos meteorológicos extremos, es fundamental la incorporación de medidas de gestión forestal que, además, sirvan para conformar un círculo virtuoso al frenar el progresivo e imparable proceso de envejecimiento y vaciado demográfico. No obstante, una vez se ha consumado el incendio forestal, el panorama cambia radicalmente, pues ahora la vulnerabilidad es la de cómo enfrentar un colapso socio-económico ante un suelo calcinado, amenazado de desertificación irreversible, sin que la gente haga las maletas y se vaya sin mirar atrás. El enorme daño al patrimonio natural y cultural que se está produciendo en Castilla y León debe repararse haciendo frente, en primer lugar, a las amenazas de la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Tal y como se desprende de la recientemente aprobada Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, debe abordarse un plan con acciones correctoras y/o restauradoras inmediatas de protección frente a la degradación del suelo y la erosión. Estas acciones  post-incendio deben tener en cuenta factores tales como: la superficie afectada, la severidad del fuego, el tipo de suelo o la pendiente y orientación de las laderas, realizándose sólo en las zonas que se consideren necesarias, contemplando la opción de la regeneración natural. Son fundamentales para mitigar consecuencias como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas o la afectación a infraestructuras forestales de cortafuegos, caminos y arroyos.

► Aprender de las catástrofes: El reto de una restauración insólita y enfrentar, por fin, nuestra vulnerabilidad al cambio climático.

El verano no ha acabado, y la sequía tampoco. Parece evidente que, por desgracia, los incendios forestales seguirán dejando nuevos escenarios de desolación. No obstante, hay que pensar cuanto antes en la restauración y recuperación de los territorios calcinados, en especial, en aquellos afectados por los incendios de la sierra de la Culebra y Losacio (recordemos, con una magnitud continua de unas 60.000 hectáreas). Tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España, ya pusieron encima de la mesa –tras la declaración de zona catastrófica– una serie de medidas concentradas en un Plan de Recuperación Ambiental y Socioeconómico para la zamorana sierra de La Culebra (dotado con 35 millones de euros) y 2 millones de euros en inversión, respectivamente. Las nuevas dimensiones de la catástrofe han obligado a la Junta a extender este Plan a la zona afectada por el incendio de Losacio, ampliando su dotación a un total de 65 millones de euros, un presupuesto cuya ejecución requerirá de una especial atención en su desarrollo y cumplimiento de objetivos como consecuencia del inmenso reto que supone a escala nacional.

Es lacerante e injusto, pero al margen de números, el sacrificio al que se han visto sometidas muchas comarcas castellanas y leonesas debería servir para que las diferentes administraciones –y, en especial, la Junta de Castilla y León–, tomen cartas en el asunto para abordar en serio las políticas medioambientales. Son evidentes las deficiencias constatadas en el desarrollo tanto del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) como del despliegue del operativo de prevención y extinción de incendios. Ambos deben ajustarse a las nuevas circunstancias ambientales que afectan a nuestra sociedad y nuestros ecosistemas. No hacerlo volvería a concretarse en una nueva tragedia producto de la temeridad y la imprudencia de una Administración que sigue dando la sensación de no entender la dimensión de la crisis socio-ecológica a la que nos enfrentamos y a la situación de colapso que sufren año tras año los municipios calcinados.

Al menos, la reciente rectificación por parte del titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el señor Suárez-Quiñones, en el marco de la Mesa en Materia Forestal del Consejo del Diálogo Social, supondrá el cumplimiento parcial de una reivindicación histórica: la transformación de las plantillas públicas de fijas discontinuas a fijas, y la ampliación a nueve meses de los contratos de los trabajadores de las cuadrillas privadas. Desde UGT Castilla y León defendemos que los incendios no se combaten, sino que se previenen, y esta medida puede contribuir en este sentido. Es fundamental contar con los medios técnicos y humanos adecuados, pero también y especialmente con la dignificación de las condiciones de estos trabajadores, y con mayor estabilidad en un empleo que carece del reconocimiento social que merece. Por ello, creemos que los siguientes pasos deben ser el reconocimiento de la figura del bombero forestal o la integración de los agentes forestales en el sistema de emergencias de la Comunidad, así como el equipamiento y la formación adecuados para cada categoría profesional.

Pero el aprendizaje debe ir mucho más allá. Urge que las instituciones públicas se hagan responsables del momento que vivimos, que adopten un modelo que mire al MONTE y a sus habitantes. La Junta de Castilla y León debe anticipar los escenarios climáticos más adversos, impulsando la lucha contra la desertificación y la sequía a partir de la planificación –con la elaboración de una ley de cambio climático y transición ecológica justa, a partir de la que se puedan crear mecanismos fiables de gobernanza–, y a partir de la acción, con el abandono progresivo del modelo de la gestión del riesgo hacia otro donde la prevención, la mitigación y la adaptación estén en el centro. Así, las gestiones forestal y agraria deben tender hacia la adaptación de los ecosistemas respectivos a los nuevos escenarios climáticos, con medidas que cuenten con un presupuesto suficiente para poder llevarlas a cabo y con indicadores que hagan cumplir la Agenda 2030 y, específicamente, el Objetivo 15, que recoge la determinación a detener y revertir la degradación de la tierra. De lo contrario, muchas de nuestras comarcas tendrán que afrontar condiciones más áridas y un mayor riesgo de desertificación. Esta gestión debe incluir sinergias que permitan aprovechar recursos, evitar incendios y mejorar la biodiversidad, para lo que es necesario dar protagonismo a la población rural en la toma de decisiones (verdaderos custodios y guardianes del territorio, también en los espacios naturales protegidos) y plantear el pago por servicios ambientales.

Esta catástrofe de dimensiones nunca vistas debería servir como punto de inflexión para que nuestros políticos entiendan que la ciudadanía está preparada para abrir debates y nombrar con claridad tanto los problemas como las soluciones que debemos afrontar ante la crisis socio-ecológica, que deben pasar por la creación de empleo verde y decente, por una transición justa, por medidas de resiliencia ante el cambio climático y de protección de la biodiversidad, o por una gestión sostenible de nuestros montes. Pero esta catástrofe también debería servir para que se empiece a incluir la rendición pública de cuentas sobre las consecuencias de la inacción. De lo contrario, seguiremos en el alambre de la vulnerabilidad, jugando con fuego, sin entender que el cuidado de las personas y de nuestro medio ambiente, es lo primero.

Desde aquí, queremos sumarnos a las muestras de solidaridad y apoyo a todos los habitantes de los municipios afectados por los incendios forestales y nuestro agradecimiento al personal del operativo de extinción de incendios y del INFOCAL. 

Bibliografía: